Al grito de «Fuera Cunha, aborto legal ya», miles de personas se manifestaron en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia para exigir la retirada del proyecto de ley del presidente de la Cámara de Diputados, el evangélico Eduardo Cunha, imputado por corrupción en la estatal Petrobras, que pretende obligar a las mujeres violadas a demostrar la violación para poder abortar.

Asimismo, quiere limitar la definición de violencia sexual a las prácticas en que se comprueben daños físicos y sicológicos, agravar las penas a los profesionales de la salud que ayuden a abortar y dificultar la venta de la píldora del día después.

El diputado a cargo del proyecto de ley, Evandro Gussi, del Partido Verde, alegó que el objetivo esta nueva ley es «garantizar la seriedad de la investigación y que no haya dudas sobre la violación cometida». «Queremos que el examen del cuerpo del delito sea obligatorio para ayudar en el castigo del violador, porque cuanto más realicemos estos exámenes, mayores serán las posibilidades de castigar al violador, de meterlo en la cárcel», dijo a AFP.

«Lo que este proyecto de ley –que debe ser sometido a votación en el Congreso este año– prevé es que el acceso al aborto legal, ya de por sí difícil, sea todavía más restringido; impone aún más barreras para las mujeres víctimas de violencia sexual», denunció Sinara Gumieri, abogada e investigadora del Instituto Bioética, Derechos Humanos y Género (Anis).

El aborto solo está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, con riesgo de muerte para la mujer y desde 1949, debido a una violación. Pero incluso en los casos legales, no es fácil abortar en Brasil, donde aumenta la cantidad e influencia de evangélicos. Una encuesta nacional de Anis muestra que de los 68 centros de referencia para practicarse un aborto legal, solo 37 realizan el procedimiento.

Un 14% de ellos exigen previamente una denuncia policial, un 8% un laudo de un médico forense y un 8% una autorización judicial, aunque la ley no lo pide. Gumieri destacó que el 36% de las mujeres que se han sometido a un aborto legal son niñas o adolescentes que sufrieron violencia sexual, la mayoría en su propia casa.

El texto se suma a una creciente agenda conservadora en el Congreso brasileño, que estudia flexibilizar las reglas para comprar y portar armas, definir a la familia como la unión entre un hombre y una mujer y restringir el reparto de tierras ancestrales a indígenas.

Aumento de la violencia

Según un reciente estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Brasil es el quinto país del mundo con más muertes de mujeres. En 2003, mataron a 3.937 mujeres; diez años después, la cifra subió a 4.762. Solo El Salvador, Colombia, Guatemala y Rusia tienen tasas superiores a las de Brasil.

«La cifra brasileña es 48 veces la del Reino Unido y 24 veces la de Irlanda o Dinamarca», resaltó el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz. Subrayó que en 2013 mataron a 13 mujeres por día. Precisó que el 50,3% de esos crímenes fueron cometidos por un familiar de la víctima y el 33,2% por parejas o exparejas.

Investigado por corrupción y cuentas secretas en Suiza

El presidente de la Cámara de Diputados, el ultraconservador miembro de la Iglesia evangélica, Eduardo Cunha, está siendo investigado por la Fiscalía por la posesión de cuentas millonarias en Suiza. Según la Policía, recibió al menos cinco millones de dólares de la corrupción petrolera y los ocultó en unas cuentas secretas en bancos suizos.

La influencia de los evangélicos en la política brasileña es cada vez más notoria. Pertenecientes a diferentes partidos, suman 75 escaños de una Cámara de 513 diputados. El PT de Dilma Rousseff tiene 64.GARA