Todos los grupos políticos españoles declaran su intención de defender el Estado de Bienestar, que afronta un futuro incierto por diversos motivos, como son la tendencia al envejecimiento de la población; la disminución de las rentas del trabajo que contribuían a su sostenimiento, debido al paro y a la precariedad del empleo; la disminución de la capacidad recaudatoria del Estado, por la crisis y una política errónea; o la no recuperación de la recaudación del fraude fiscal y las rentas del capital financiero, patrimonial y empresarial.

Si bien hay determinados aspectos del Sistema de Salud que dependen del Gobierno de Navarra, del que esperamos una política de Salud comprometida con la defensa del sistema público, no es menos cierto que otras leyes y dinámicas dependen del Gobierno del Estado, siendo sus repercusiones de innegable evidencia.

Hay una gran coincidencia en señalar el crecimiento de la desigualdad social y económica como un lastre para la recuperación de la economía y para el mantenimiento del equilibrio social. A esto se suma el deterioro progresivo de los sistemas públicos de salud como consecuencia de las políticas de recortes; deterioro en la reducción de profesionales, en la reducción de la financiación per capita, en el recorte de prestaciones, en el aumento de las listas de espera y en el deterioro de edificios e instalaciones como consecuencia de la falta de inversiones en reposición y mantenimiento de los equipamientos.

Recuperar la calidad de nuestro sistema sanitario y devolverle el alto aprecio que le merece a la ciudadanía pasa por las siguientes medidas:

1. Importantes cambios legislativos: modificación de la Constitución española para incorporar los derechos a la protección de la Salud y a la Asistencia Sanitaria; derogación del RD Ley 16/2012 y recuperar el derecho a la Asistencia Sanitaria para inmigrantes y colectivos de ciudadanía hasta ahora excluidos eliminando los copagos; supresión a efectos sanitarios de las Mutualidades de Funcionarios (Muface, Mugeju, Isfas), integrándolas en el Sistema Nacional de Salud; la reforma de la Ley General de Sanidad para establecer los contenidos y condiciones básicas para prestar una asistencia sanitaria universal, accesible, amplia y pública; inclusión de la salud laboral en el sistema de salud público; y garantía del cumplimiento de leyes en vigor como Ley 33/2011, General de Salud Pública.

2. Mejoras en la financiación: incrementar la financiación; reforzamiento de los fondos de cohesión entre las comunidades autónomas; compromiso de no implantar nuevos copagos o tasas; eliminación de las desgravaciones fiscales por la contratación de seguros de asistencia sanitaria privada, tanto de las empresas como de particulares; y favorecimiento de medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico.

3. Incrementar la eficiencia del sistema público de salud, con medidas destinadas a: garantizar el carácter público de los servicios sanitarios, teniendo los recursos privados un carácter complementario; incrementar la capacidad resolutiva de la atención primaria y favorecer la utilización a pleno rendimiento de los hospitales; crear una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del SNS; evitar que las Administraciones Públicas realicen acuerdos con la industria farmacéutica que supongan compromisos de gasto por parte del SNS; y profesionalizar la gestión, desvinculándola de los ciclos políticos.

4. Desarrollar una política de personal sanitario motivadora. Para ello, entre otras cosas recuperar las dotaciones de personal previas a los recortes; favorecer el desarrollo de las carreras profesionales y mejorar la formación pre y postgraduada.

5. Favorecer la transparencia y participación en la gestión del SNS con cambios como: establecer un sistema de información sanitaria con indicadores homogéneos en todos los servicios de salud y en todas las comunidades autónomas; desarrollar órganos de participación y control social y profesional; incluir las líneas básicas de una estrategia de promoción de la salud: intervenir y modificar los determinantes sociales a través de la participación ciudadana y ampliar la democracia institucional; proporcionar recursos públicos para la I+D, independientes de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas.

La supervivencia del sistema público de salud exige revisar –y rectificar– tendencias hegemónicas de los últimos años. El Gobierno que salga de las próximas elecciones generales puede necesitar pactos para gobernar. En nuestra Asociación pensamos que son prioritarios los acuerdos para mejorar el sistema y las políticas sociales como instrumentos necesarios para reducir las desigualdades. Se deben promover políticas públicas como las que hemos sugerido para combatir la acumulación y el individualismo y favorecer la redistribución de la riqueza, la solidaridad y la salud de la población.