La Abogacía del Estado estima que el erario público español se vio perjudicado por las irregularidades que supuestamente cometieron el exalcalde de Alonsotegi Aitor Santisteban, el arquitecto Alberto Zulueta y el aparejador Juan Torrontegi al solicitar de forma fraudulenta ayudas a la Diputación y al Ejecutivo Zapatero para paliar las inundaciones de 2008, que no se llevaron a cabo pero por las que recibió 2 millones de euros. Según se desprende del análisis de los expedientes, son 461.068,82 euros de las arcas estatales los que se obtuvieron de forma poco clara.

Tras cotejar distinta documentación que ha descubierto el grupo municipal de EH Bildu de Alonsotegi, una primera en la que se detectaron cuatro certificaciones de obras similares para obtener las ayudas y después se constató que se solicitaron y cobraron subvenciones del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) por obras ya ejecutadas por el Ayuntamiento, la Abogacía del Estado ha decidido personarse en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo.

Su responsable, Macarena Olona, señala irregularidades en los proyectos de reforma de los servicios sociales del campo de fútbol de Basteita y en la urbanización de la calle Loibe. Son dos de las obras señaladas por EH Bildu y sobre las que también la secretaria y la interventora elevaron informes de reparo, que no se atendieron.

La coalición acudió con las pruebas del fraude a la Fiscalía, quien remitió el caso al juzgado de Barakaldo, al detectarse certificaciones de obras casi calcadas y con actuaciones que no se acometieron como el pago por la construcción de tres «pipicanes» cuando en todo Alonsotegi solo hay uno. Mientras la instrucción no acaba de arrancar, los ediles soberanistas encontraron nuevas irregularidades que afectan al Fondo Estatal de Inversión Local.