Beñat ZALDUA
DONOSTIA
LA JUSTICIA ESPAñOLA, EN EL DISPARADERO

Los tribunales españoles, a la cola de la independencia judicial en la UE

Según un informe de la Comisión Europea, la Justicia española es, a ojos de sus ciudadanos, la tercera menos independiente de la UE, solo por encima de Bulgaria y Eslovaquia. Sorprende además que el español es uno de los estados con menos jueces y con más abogados. El suspenso se repite en cuanto a la igualdad de género en los juzgados.

El 58% de los ciudadanos del Estado español considera que la independencia de los jueces y tribunales españoles es mala o muy mala, frente a apenas un 31% que la cree buena o muy buena. La percepción ciudadana respecto a la independencia judicial española queda de este modo bastante lejos de la media europea (el 55% aprueba sus respectivos sistemas judiciales) y a años luz de los países que encabezan el ránking. Por ejemplo Dinamarca, donde el 86% de los ciudadanos da por buena la independencia de su sistema judicial y donde solo el 7% considera que funciona mal o muy mal.

Son datos que se recogen en el Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE, informe que la Comisión Europea elabora de modo anual a instancias del Europarlamento. Un estudio que ofrece «una visión comparativa de la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de la UE», según la comisaria de Justicia, Vera Jourovà, y que deja al Estado español a la cola de Europa. Solo la ciudadanía búlgara (un 65% de suspensos) y eslovaca (un 59%) supera la mala percepción de los ciudadanos del Estado español sobre su Justicia.

El mismo indicador sobre la independencia judicial deja otros datos interesantes, como el hecho de que la percepción negativa es una tendencia al alza –ha crecido un punto respecto al informe de 2016– o como este apunte significativo: entre quienes califican de mala o muy mala la independencia judicial española, un 71% asegura que el principal motivo es la «interferencia o presión por parte del gobierno y los políticos». Un porcentaje que baja al 51% en el caso de los eslovacos y al 46% entre los búlgaros.

No deja de ser una perogrullada, pero tiene su importancia resaltar que en el informe se recuerda que «la independencia judicial es un elemento fundamental de un sistema de Justicia eficaz; es vital para mantener el Estado de Derecho, la justicia de los procedimientos judiciales y la confianza de los ciudadanos». Algo por lo que Bruselas añade que «toda reforma de la Justicia debe respetar el Estado de Derecho y cumplir las normas europeas sobre independencia judicial», interesante apunte si se recuerda que el Consejo de Europa reprendió recientemente a Madrid por la reforma del TC.

El Estado español tampoco sale bien parado en el apartado dedicado a los mecanismos de evaluación de jueces, ya que es uno de los únicos tres estados europeos que no incorpora criterios cualitativos a la hora de evaluar a los magistrados. Junto a la República Checa y Malta, Madrid es la única que evalúa a los jueces a través de criterios cuantitativos y mediante un Consejo Judicial (el CGPJ, en el caso español).

Otro de los puntos que la comparativa europea subraya es que mientras el Estado español se sitúa a la cola en número de jueces –es el séptimo país con menos jueces por habitante–, es el sexto estado con mayor número de abogados por habitante. De hecho, la cifra no ha hecho sino crecer y este año ha se ha superado la barrera de los 300 togados por cada 100.000 habitantes. O lo que es lo mismo, hay más de 30 abogados por cada juez, uno de los ratios más altos de toda la UE.

Techo de cristal para las juezas

El estudio contiene también un apartado dedicado a la igualdad de género en los juzgados, en el cual recoge la proporción de magistradas en los juzgados de primera instancia, en los de segunda instancia (las audiencias provinciales, en el caso español) y en los tribunales supremos. La diferencia según el escalafón judicial, en especial en el Estado español, es de una dimensión espectacular.

De hecho, la proporción de mujeres al cargo de juzgados de primera instancia en el sistema judicial español está por encima de la media europea y se sitúa en el 58%. Es decir, hay más juezas que jueces. La proporción se invierte en los juzgados de segunda instancia, donde España cae un poco por debajo de la media europea, situándose en un 34,5% de mujeres.

Pero donde las juezas españolas tienen su techo de cristal es en el Tribunal Supremo, en el cual Madrid vuelve a retroceder a la cola de los países europeos, ya que solo un 13,8% de los asientos del Supremo son ocupados por mujeres. Solo Luxemburgo, Reino Unido y Liechtenstein tienen una ratio menor, muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 39,5%.