El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, figura encargada de perseguir la corrupción en el Estado español, es copropietario de una sociedad en Panamá tras la cual se esconde la tenencia de un chalet de medio millón de euros en una localidad madrileña. Es decir, el responsable de perseguir a corruptos, estafadores y defraudadores ha escondido durante años una propiedad –heredada– a través de una sociedad fantasma radicada en un paraíso fiscal.

La revelación de Infolibre, que el propio Moix trató de neutralizar burdamente filtrando a otro medio las respuestas a las preguntas que se le hicieron, vuelve a poner al responsable de Anticorrupción contra las cuerdas. No en vano, se trata del mismo fiscal que archivó hasta en tres ocasiones las investigaciones sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, finalmente detenido en el marco de la reciente Operación Lezo.

Hay grados y grados de corrupción, y el más grave de todos ellos es el que se desprende de las actuaciones de personajes como Moix, que incurren en las mismas faltas que se supone que deben perseguir. El problema de la corrupción en el Estado español no es que no haya suficientes controles; el problema, mucho más grave, es que quien debe ejercer dicha labor forma parte del mismo engranaje corrupto y comparte intereses con quienes deberían ser investigados y fiscalizados. Por mucho que se traten de presentar como casos aislados, es el sistema en su conjunto el que está completamente podrido.

Y la responsabilidad principal, al margen de la del propio Moix, es del Gobierno español, bajo cuya batuta se estructura la Fiscalía. No vale poner a un zorro a vigilar el gallinero y lamentar después que las gallinas vayan desapareciendo. El hedor a corrupción –Rajoy declarará en julio por el caso Gürtel– es ya insoportable y vuelve a poner ante un espejo incómodo a todos aquellos que sostienen y apuntalan un Gobierno corrupto en minoría.