El Govern Puigdemont-Junqueras inició ayer el camino directo hacia el referéndum sin acuerdo con el Gobierno español. Si bien el proceso catalán ha demostrado en los últimos años que hasta el último minuto siempre puede haber vuelta atrás, el anuncio de este viernes estrecha de forma drástica los márgenes a los que el Govern de JxSí podría agarrarse para justificar no hacer un referéndum sobre la independencia.

Después de intentar una consulta, finalmente rebajada a proceso participativo para no traspasar la legalidad española, y también unas elecciones plebiscitarias que, contra lo esperado, no produjeron efectos concretos respecto a la independencia, el Govern probará ahora con un referéndum que conlleva la voluntad inequívoca de realizarse fuera del paraguas constitucional español. Cinco años después de iniciar el llamado «procés», la desobediencia democrática, aunque nunca verbalizada como tal, se ha apoderado finalmente de la agenda autodeterminista.

El recurso a las vías pactadas o insertas en la legalidad ha necesitado de varios ensayos a prueba y error antes de ser definitivamente desestimada como factible. El rumbo trazado en la primavera de 2015 hacia las elecciones plebiscitarias partía de la premisa de que realizar un referéndum era imposible. Ahora el Govern, que bajo la presión constante de la CUP ha corregido el tiro, emplaza a la sociedad catalana al referéndum que ahora ya consideraba viable. Es evidente que en Madrid cuesta escuchar las modificaciones de estrategia que se producen en Catalunya, pero este último cambio resulta copernicano.

El escenario que se abre ahora para la política catalana no deja de ser un nuevo ensayo y error. Los próximos meses darán la razón al Junts pel Sí de 2015 o al de 2017 sobre la capacidad de la Generalitat de hacer un referéndum. La advertencia del Gobierno español es clara al respecto. Avisa una y otra vez de que está dispuesto a utilizar todas sus herramientas para evitar que el referéndum se lleve a cabo. El choque institucional, tantas veces esquivado por el independentismo, ahora se presiente más probable que nunca.

Las previsiones desde el Govern no son optimistas en lo referente a la actuación del Estado. No es solo que se prevea un marcaje judicial como no había visto hasta ahora, ni siquiera en los peores momentos de suspensiones legislativas o querellas a políticos. En el Ejecutivo catalán se han preparado para que se produzca una cadena de inhabilitaciones, empezando por los responsables políticos y altos cargos. La modificación de la ley del Tribunal Constitucional está diseñada para eso, al dotar al tribunal de capacidades ejecutivas.

El referéndum tendrá también que luchar contra sus escépticos, algunos de los cuales militan además en el independentismo y tienen influencia directa en las cúpulas de los partidos. La estrategia que algunas voces prominentes de este grupo dibujan pasa por ir a la confrontación total, sí, pero volver a recurrir a las elecciones –vestidas esta vez como plebiscitarias o como constituyentes– como válvula de escape en el último momento. Así, consideran, se volvería a poner de relieve que el independentismo es el único vector capaz de aglutinar mayorías en Catalunya, lo que redoblaría la presión sobre el Gobierno español para autorizar un referéndum pactado.