2017/07/17

Erreportajea
BREXIT: CLAVES PARA UN DIVORCIO
EL BREXIT NO ABRIRÁ LA PUERTA A UNA «EUROPA A LA CARTA»

Hoy comienza una nueva ronda de conversaciones entre la UE y Gran Bretaña sobre los términos del Brexit. Derechos de los ciudadanos de la UE, facturas a pagar tras el divorcio y la cuestión de la frontera irlandesa se presetan como los nudos de la negociación.

Mikel ZUBIMENDI
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A principios de 2019 el Parlamento Europeo dirá la ultima palabra sobre el acuerdo final del Brexit. Pero en tribuna pública los grupos parlamentarios ya han avanzado que vetarán cualquier acuerdo que reduzca derechos a los ciudadanos europeos y que resulte menos favorable en comparación a lo que tienen en la actualidad, sea cual sea la nacionalidad de estos. En teoría, las negociaciones deben ser completadas para el 30 de marzo de ese año y difícilmente pueden retrasarse, habida cuenta de que ello requeriría que Gran Bretaña celebrara las elecciones europeas previstas para mayo de 2019.

Al margen de la eterna discusión de si es mejor no tener acuerdo que tener un mal acuerdo o viceversa, hay que reconocer claridad a los británicos al apostar por un «Brexit duro», por un divorcio sin medias tintas. Y como cabía esperar, la respuesta que recibieron no fue menos clara: no se puede salir del club y optar a seguir disfrutando de sus mejores ventajas, a recoger sus mejores cerezas, como la ausencia de tarifas del mercado único o seguir manteniendo en casa algunas de las más preciadas joyas europeas, como la Agencia Europea de los Medicamentos o la Autoridad Bancaria Europea, ambas con sede en Londres.

Bruselas es clara al respecto: los tiempos de una «Europa a la carta» se han terminado. Ser miembro del club trae derechos y beneficios pero ningún miembro puede disfrutar de los mismos si no está sujeto a las mismas obligaciones.

En relación a los derechos que el Brexit ofrecería a los ciudadanos de la UE, en palabras de Guy Verhofstadt, ésta tiene una posición tan simple y clara como justa: británicos y europeos mantendrían los mismos derechos y la misma protección de los que actualmente disponen con la ley europea. Todos los derechos adquiridos antes de la salida británica de la UE serían directamente ejecutables, protegidos para toda la vida, con total reciprocidad e igual tratamiento.

Los británicos plantean que los europeos en Gran Bretaña obtengan un «estatus de nacionales de un tercer país», con menos derechos que los que los británicos disfrutan en Europa. No solo perderían su derecho a voto en las elecciones locales, sino que sus familiares estarían sujetos a requerimientos de salario mínimo y no está claro el estatus de los niños y niñas nacidas tras el Brexit.

La factura del divorcio

La salida de Gran Bretaña de la UE dejará un agujero notable es sus finanzas y Bruselas quiere un acuerdo que obligue a los británicos a seguir pagando por todas las promesas y compromisos adquiridos durante su pertenencia a la Unión. Sería fijar la cantidad de dinero que falta por liquidar. Los británicos, por contra, dicen que ningún tratado dice nada al respecto, que si alguien sale del club no está obligado a seguir pagándole. Bruselas quiere minimizar pérdidas o, al menos, que Londres cubra su parte. La UE habla de 100.000 millones de euros.