2017/07/19

Moncloa confirma al PNV como ariete contra el referéndum catalán

La vicepresidenta española visitó ayer Gasteiz para ensalzar la aportación del PNV y de Lakua a «la estabilidad de España», en contraste al «extremismo y fanatismo» de otros gobiernos, en clara referencia al catalán. Una comparación con la que Urkullu pareció sentirse cómodo al reivindicar posteriormente la estabilidad lograda.

Beñat ZALDUA
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De cuerpo presente pero de mente ausente. Ayer, 18 de julio, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, visitó Gasteiz con la vista puesta en Catalunya. Solo así se entiende que acabase la reunión del PP vasco hablando del proceso soberanista catalán y su Govern. Santamaría destacó que el Ejecutivo del PNV está contribuyendo «a la estabilidad de España», en contraste con los gobiernos que apuestan por el «extremismo y el fanatismo». No mencionar explícitamente al Ejecutivo de Carles Puigdemont fue la única concesión a la sutileza que se permitió una Sáenz de Santamaría que también auguró el aislamiento de quienes se instalan en «la bronca y la confrontación».

Junto a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez –que no soló sacó pecho del empleo creado en el Estado, sino que aseguró que «es mejor que el que se fue con la crisis»–, la vicepresidenta presidió un acto de la Junta Directiva del PP vasco, ante la que se esforzó por subrayar las bondades de los acuerdos con los jeltzales. «Hoy Euskadi está contribuyendo a la estabilidad de España a través de importantes acuerdos con el PNV, que gobierna aquí», aseguró Sáenz de Santamaría, quien añadió que el «diálogo constante» del PP vasco con Lakua es «muy importante» porque «inclina la balanza en otras políticas». Estabilidad en Madrid en un momento de debilidad parlamentaria para el PP e influencia en el rumbo del Gobierno en Gasteiz; con este dos por uno defiende Moncloa los pactos con el PNV.

Unos acuerdos que, en pleno pulso entre el Estado y Catalunya a cuenta del referéndum del 1 de octubre, tienen premio extra para el PP: «Este es un modelo a seguir en una legislatura colaborativa, marcada por los acuerdos y el diálogo; los que apuestan por la radicalidad y el extremismo, al final, lo único que cosechan es división y más conflicto».

Horas antes de que hoy ambos gobiernos ratifiquen el acuerdo sobre el Cupo, no es una comparación que parezca molestar al lehendakari, Iñigo Urkullu, a tenor de sus declaraciones de ayer ante el cuerpo consular acreditado en la CAV, en las que reivindicó la estabilidad lograda «gracias al acuerdo entre diferentes».

También aprovechó la jornada para dejar su recado el líder del PP en la CAV (y excompañero de Santamaría y Báñez en el Consejo de Ministros), Alfonso Alonso. Después de insistir en la defensa de los acuerdos en Lakua y Madrid frente a «la crispación, la bronca y la confrontación», Alonso metió su cuña sobre política fiscal: «No tiene sentido que nuestras empresas estén pagando tributos más altos que en el resto de España y que haya un impuesto de sociedades más alto que en el territorio de régimen común».

Dos trenes y una promesa

El carácter propagandístico de la visita estival quedó de manifiesto vistos los magros resultados que dejó. Santamaría, con quien ninguna autoridad del Gobierno de Lakua se quiso fotografiar ayer directamente, se limitó a visitar la planta de Mercedes-Benz en Gasteiz, dejando el reparto de titulares menores en manos de Fátima Báñez, que se reunió con la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

Un «acuerdo previo a la firma del convenio» para intercambiar información entre Lakua y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue el único fruto que trascendió de la reunión, si bien más tarde, el portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, aprovechó una rueda de prensa para aumentar el volumen de ganancias y explicar que Gasteiz y Madrid han iniciado los trámites para que Lakua gestione en 2018 dos líneas de tren hoy en manos de Adif.

Se trata de las líneas Basurto Hospital-Ariz y Irauegi-Lutxana-Barakaldo, que dejarán de estar catalogadas de «interés general» para poderse transferir a la CAV. Son solo dos de las once líneas que reclama el Gobierno de Lakua y que el Estado, obligado por la ley, debería haber dejado en sus manos hace años, ya que son trasferencias previstas en el Estatuto de Gernika. De hecho, con esta cesión, el Gobierno español no hace más que aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, en la que anuló la inclusión de estas dos líneas en el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

Amenazas en Catalunya

Mientras Santamaría se deshacía en elogios al diálogo en Gasteiz, su mano derecha en Barcelona, Enric Millo, no descartó «forzar nuevas elecciones» en Catalunya para impedir así la celebración del referéndum anunciado para el 1 de octubre. «No podemos descartar nada que la ley permita hacer», aseguró el delegado del Gobierno español en Catalunya, que insistió en que el Estado «tiene recursos y medidas para que el referéndum no se haga».

«Cualquier decisión que contradiga sentencias del TC se impugnará y se anulará», añadió el exdiputado del PP, sin dar más pistas sobre la actuación del Estado en caso de desobediencia catalana. De hecho, Millo se limitó a repetir incansablemente que «no se abrirán colegios electorales y no habrá urnas», así como a reiterar las amenazas contra los cargos públicos que impulsan el plebiscito del 1 de octubre: «Si se gastan dinero haciendo una ilegalidad, (el responsable de dicho gasto) deberá pagar de su bolsillo».

INDA Y EL PARLAMENT

El periodista Eduardo Inda plantó ayer a la comisión de investigación del Parlament sobre la Operación Catalunya. Será llamado de nuevo y si no acude, la comisión propondrá al Parlament presentar una querella en su contra, como lo ha pedido en el caso de Rajoy y otros miembros del Gobierno.

CONSULTA PROHIBIDA

La subdelegación del Gobierno español en Barcelona ha presentado un recurso contra la consulta que el Ayuntamiento de Tona (Osona) ha convocado para que sus vecinos escojan la bandera que debe ondear en el Consistorio. Alega que no es una consulta, sino un referéndum.

LA CUP Y GARZÓN

Cinco históricos independentistas detenidos y torturados en la Operación Garzón de 1992 pidieron ayer explicaciones al exjuez en el Parlament, donde participó en un grupo de trabajo sobre niños robados del franquismo. Los diputados de la CUP plantaron al exmagistrado.