Cuatro movimientos para acompañar la resaca de la Diada. Cuatro dardos. En la diana, el Govern, el Parlament, los Mossos d'Esquadra y la radiotelevisión pública catalana. La campaña oficial para el 1-O arranca mañana a medianoche con un acto unitario del independentismo en Tarragona y cualquier signo de normalidad horroriza a quienes han prometido que el referéndum no se celebrará.

Por la mañana, toda la atención recayó sobre el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, una de las personas más populares en Catalunya ahora mismo. Hasta observadores muy poco sospechosos de comulgar con el independentismo –Enric Juliana, de “La Vanguardia”, por ejemplo– han avisado a los españoles del error que supone ponerlo como objetivo, pero en balde. Aunque no fue nada parecido a una citación judicial, es fácil adivinar quién se sentía más incómodo en la reunión a la que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, citó a Trapero y a los jefes de la Guardia Civil y la Policía Nacional española en Catalunya, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote respectivamente.

La reunión apenas duró media hora. Suficiente para que el fiscal trasladase personalmente a los tres mandos las ordenes del Fiscal General del Estado: requisar urnas, papeletas, censos y cualquier material destinado a hacer posible el 1-O. Con recado expreso a Trapero: no debe atender órdenes de sus superiores políticos si son contrarias a la legislación estatal. Ayer todo fue silencio en Interior, que se sabe en el ojo del huracán. Fue el president, Carles Puigdemont, el que trató de zanjar el tema asegurando que los Mossos se encargarán de garantizar «la seguridad y los derechos» de la ciudadanía. Pero de zanjado, nada. La incógnita se mantiene.

La alarma saltó después a mediodía, cuando TV3 anunció haber recibido la advertencia del TSJC para «no informar» sobre cualquier acto relacionado con el referéndum. La realidad se encargó de matizar el anuncio, aunque no deja de ser alarmante: el TSJC trasladó a los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio la notificación del TC sobre la suspensión del 1-O, en la que se incluye la prohibición de reproducir la campaña institucional y la advertencia sobre las «consecuencias penales» que podrían sufrir en caso de desobediencia. En resumen, dos periodistas han sido amenazados y una institución que los catalanes sienten como muy suya ha sido puesta en el punto de mira. Apuntar a Trapero y a TV3 no parece la forma más inteligente de rebajar el ánimo soberanista.

Junto a la radiotelevisión pública, la mayoría de ayuntamientos catalanes recibieron ayer la advertencia del TSJC. Pese a ello, más de 700 alcaldes (de 947) se han adherido ya al 1-O. El más claro en su respuesta fue el de Argentona, que «archivó» la advertencia en la trituradora de papel.

Forcadell suma tres querellas

El de ayer fue un día de intenso trabajo en el TSJC, que también notificó a todo el Govern y a cinco miembros de la Mesa del Parlament –cuatro de JxSí y uno de CSQP– las querellas por las que están imputados. En el caso de la denuncia de la Fiscalía contra el Govern, el TSJC ha mantenido los tres delitos imputados –desobediencia, prevaricación y malversación–, el último de los cuales puede implicar penas de prisión. Sin embargo, en la querella contra la Mesa, el propio Tribunal subrayó la escasa base jurídica de la imputación de malversación, por lo que retiró esta acusación.

«Lo que pretendían era que hubiese penas de prisión única y exclusivamente por permitir un debate parlamentario; hay que denunciarlo», aseguró la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que con esta suma tres querellas, «todas por permitir debates parlamentarios».

Nueva suspensión del TC

Pero no solo trabajó el TSJC. También la judicatura madrileña está haciendo horas extra estos días por Catalunya. Un juzgado de la capital española prohibió –a petición del PP– un acto político a favor del 1-O en Madrid, mientras que el Pleno del Tribunal Constitucional, sin que nadie se pueda hacer el sorprendido, hizo doblete de suspensiones cautelares al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas de Transitoriedad Jurídica y Código Tributario.

La primera es la norma que debería hacer de puente entre la legalidad española y la legalidad catalana en caso de victoria del Sí el 1-O; la segunda, parte del engranaje con el que Catalunya quiere poner los cimientos de una Hacienda propia.

La respuesta: los hechos

Al margen de las dos entrevistas radiofónicas que president y vicepresident, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, dieron a primera hora de la mañana –ambos reiteraron que no darán un paso atrás en el camino hacia el 1-O–, la respuesta de las autoridades catalanas volvió a ser el bajo perfil declarativo y la vía de los hechos.

Junqueras aseguró que en los próximos días los catalanes recibirán las pertinentes tarjetas censales, la Generalitat va cerrando acuerdos con ayuntamientos del PSC para concretar los espacios de votación (ayer Terrassa y otros municipios de Baix Llobregat) y lo más simbólico: la suspensión del referéndum no ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pese a que así lo ordenó el TC. Es decir, la suspensión no es vigente en Catalunya.

 

El 1-O se abre paso en los ayuntamientos

Igual que Granollers, otra importante ciudad en manos del PSC, Terrassa, anunció ayer que el 1 de octubre habrá urnas. No será en los colegios habituales, ya que el Ayuntamiento se negó a cederlos, pero de común acuerdo con el Govern, el alcalde, Jordi Ballart, anunció que ya están concretados qué locales (propiedad de la Generalitat) abrirán como colegios electorales.

Además, toda una serie de ayuntamientos del Baix Llobregat gobernados por PSC y ERC anunciaron también que abrirán los colegios habituales, bajo responsabilidad de los concejales republicanos. Por último, el PDCat rompió ayer con el PSC en Esplugues de Llobregat debido a la negativa de los socialistas a facilitar locales.B.Z.