El Congreso de los Diputados debatirá el jueves la toma en consideración de las enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu a las proposiciones de ley presentadas por PSOE y PNV para reformar la llamada Ley Mordaza. Pero en esta ocasión, la formación independentista vasca presenta además una alternativa a dicha ley. Un texto que pone el foco en la defensa de los derechos fundamentales en lugar de la visión represiva de la seguridad ciudadana.

La diferencia puede observarse desde el artículo 1 que define el objeto de la ley. La actual redacción destaca que «la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes». La alternativa de EH Bildu parte de que «esta ley tiene por objeto establecer las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el espacio público en el Estado español».

Lo más cercano a la derogación

Esta es la primera ocasión en la que EH Bildu se embarca en la redacción de una proposición de ley de ámbito estatal. La diputada Marian Beitialarrangoitia explicó a GARA que se ha debido a «la importancia de la ley y a las implicaciones que está teniendo en Euskal Herria», donde, por ejemplo, está suponiendo la aplicación de multas.

Beitialarrangoitia recuerda que en la fallida legislatura de seis meses hubo numerosos pronunciamientos, hasta en una comisión, por la derogación de la ley. Pero en esta legislatura, a la hora de la verdad, se empezó a decir que la derogación no era lo jurídicamente deseable porque daba lugar a un vacío legal. La diputada de EH Bildu dice que la reforma presentada por el PNV tenía puntos interesantes, pero una vez de empezar se quedaba corta. La «propuesta del PSOE era volver a la Ley Corcuera y la patada en la puerta».

Ante eso, EH Bildu decidió hacer su propia propuesta. Ningún otro grupo ha presentado enmiendas. Beitialarrangoitia explica que «entendíamos que la forma más adecuada para acercarnos a la derogación de la Ley Mordaza, la más práctica, era hacer una nueva ley en la que el elemento nuclear no fuera el represivo sino, al revés, el garantizar los derechos civiles básicos. Quitarle la carga represiva».

Una de las novedades del texto de EH Bildu es que ha suprimido gran cantidad de infracciones previstas en la Ley Mordaza, puesto que muchas de ellas ya son delito en el Código Penal, y lo que se conseguía con la norma del PP era dar potestades desmedidas a las policías, cuando en el ámbito administrativo las garantías para el sancionado son mucho menores.

La enmienda a la totalidad de EH Bildu se debatirá el jueves y la previsión es que se rechace. Luego la reconvertirán en enmiendas parciales.

Una policía preventiva y mediadora, no meramente represora

La proposición de ley que presenta EH Bildu tiene «la intención de establecer como principios básicos de aplicación aquellos que permitan garantizar el ejercicio en libertad de derechos y libertades reconocidos a nivel internacional, y que pasan por ser elementales para la convivencia en libertad de cualquier sociedad».

Con este objetivo, concibe «la actuación policial como actora en la resolución de problemas y no como una simple aplicación de instrumentos sancionadores». Para ello hay que instruir a los agentes en «labores de mediación y la creación de equipos con profesionales de diferentes ámbitos, cuya labor sea facilitar la gestión de los diversos conflictos que puedan darse en el ejercicio, fundamentalmente del derecho a manifestación y reunión». EH Bildu sostiene que es una figura que «ya existe en otros sistemas policiales modernos y avanzados».

En el ámbito sancionador, cabe subrayar que esta proposición de ley recoge como infracciones graves detenciones policiales, registros corporales o de vehículos, que en la actualidad se pueden dar en virtud de la Ley Mordaza, y también «el borrado por parte de agentes de la autoridad de grabaciones videográficas o sonoras sin la autorización de las personas que las han realizado».

En cualquier caso, no se liberalizan todo tipo de actitudes ciudadanas, pero se recogen garantías protectoras ahora inexistentes.I.I.