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BARAKALDO

Desestimada una querella del exalcalde de Barakaldo contra Berri-Otxoak

La Audiencia de Bizkaia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exalcalde de Barakaldo Alfonso García y otros ediles del PSE que conformaban el anterior Gobierno municipal contra la decisión de ordenar el sobreseimiento de una causa contra el colectivo Berri-Otxoak por denunciar los sueldos que cobraban del erario estos responsables políticos.

La noticia la dio a conocer la plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales en el transcurso de una concentración ante la casa consistorial, en la que los activistas insistieron en criticar las retribuciones «abultadas» que perciben también la actual primer edil y los concejales liberados.

Activistas de Berri-Otxoak amordazados se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Barakaldo para manifestar que no piensan cesar en la denuncia pública de todas aquellas irregularidades y recortes que detecten. La querella por injurias, recordaron, fue presentada por el equipo de gobierno que dirigía Alfonso García «en el mismo momento que se aprobó la ‘Ley Mordaza’ en el Congreso de los Diputados. Sin esperar un minuto –explicaron–, decidió intentar silenciar a las asociaciones que denuncian las consecuencias de las políticas de recortes en la localidad».

Frente a las actuaciones judiciales contra Berri-Otxoak, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo optó por el sobreseimiento, que apoyó la Fiscalía y ha ratificado la Audiencia de Bizkaia. Desde la plataforma entienden que buscaba disuadirles de que denunciaran ante la opinión pública «el desorbitado coste a las arcas públicas del salario del alcalde y de los corporativos liberados».

Desvelaron que la actual primer edil cuesta a las arcas municipales 88.217 euros mientras los concejales liberados suponen un desembolso de 79.877,87 euros. «Mientras se aplican políticas de recortes, se mantienen los astronómicos sueldos de los políticos del Consistorio», censuraron.

1.5 millones en sueldos

La plataforma señala que el pacto presupuestario entre PNV y PSE ha supuesto ampliar la nómina de políticos liberados del equipo de gobierno. «Las retribuciones de alcaldesa, corporativos, cargos liberados y asesores liberados de ambos partidos suponen cerca de 1,5 millones de euros al año», desvelaron.

Por contra, manifestaron que el presupuesto destinado a ayudas de emergencia lleva congelado cinco años, incidiendo en que son 960.000 euros a repartir entre 1.200 familias. Berri-Otxoak añade que se mantienen las políticas de recortes, habiéndose suprimido el Servicio de Urgencias Sociales.