Representantes de Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboa (EIPK) mantuvieron ayer un encuentro en Ficoba con delegaciones del Foro Social Permanente, Sare y Etxerat para exponerles cuál es la situación del colectivo, además de darles a conocer sus reflexiones y propuestas ante el nuevo escenario creado con el desarme de ETA. Sobre estos y otros intercambios, el Foro Social Permanente anuncia que pondrá en marcha el proceso para perfilar la organización de la segunda parte del IV Foro Social, dedicado a la cuestión de las personas huidas.

En representación de EIPK participaron en la reunión de Irun el elorrioarra Jon Irazola y Eloi Uriarte, que regresó hace una semana a Soraluze después de 43 años de exilio, para explicar la realidad que viven el centenar de personas huidas. En primer lugar, agradecieron la invitación cursada por el Foro para que pudieran dar a conocer su situación, la de una vida «en constante huida» y en muchos casos en la clandestinidad, que les aboca a una «condena permanente».

Aunque es difícil de dar cifras, indicaron que hay entre 85 y 100 personas huidas, de las que 25 son deportadas. Son varios los casos que padecen graves enfermedades como cáncer, problemas cardiacos o diabetes, y decenas las que superan los 60 años. Irazola apuntó a que 40 fueron los muertos por la guerra sucia y otros 9 en la deportación, sin olvidar a los 25 que han fallecido en el exilio. Otra referencia son los 382 ciudadanos vascos que han sido entregados de policía a policía.

Destacaron que siguiendo la hoja de ruta fijada después de la declaración de EIPK del 15 de junio de 2013 en Biarritz, de modo unilateral, 128 personas han dejado atrás el exilio siguiendo la dinámica ‘‘Herria dugu arnas’’. Frente a su apuesta por la resolución definitiva, tratando de aportar en la medida de sus posibilidades a la construcción de la paz, se enfrenta a un panorama «esquizofrénico» en que el Estado español, en clave de venganza, pretende castigar a los huidos y a sus familias generando miedo y preocupación. Citaron el caso del oñatiarra Anjel Telleria Uriarte, de 60 años, al que en febrero se detuvo en México cuando estaban a punto de prescribir los delitos por los que se le perseguía, fue entregado y encarcelado por orden de la Audiencia Nacional.

Confianza en el pueblo

Ante la evidencia de que no hay posibilidad de negociación con el Estado, los huidos optan por caminar con la sociedad vasca en la resolución de las consecuencias del conflicto para avanzar hacia la paz definitiva. Su apuesta es dar pasos acordados con los diferentes agentes que se sumen, el pueblo y la comunidad internacional, en sintonía con la labor que está desarrollando el Foro.

De ahí, subrayaron, la importancia de contar con el respaldo social para que, «a través de la legalidad, y no actuando en clave de venganza», la mayoría de las personas que continúan en el exilio o la deportación puedan retornar a sus pueblos. Además, incidieron que son muchos los casos de personas que por razones humanitarias, dadas las enfermedades que padecen o la edad que tienen, podrían emprender el camino de vuelta tras décadas huidas

Piden negociar la transferencia de prisiones

La Cámara de Gasteiz, salvo el PP, instó a los gobiernos español y de Lakua a iniciar el diálogo para convocar en el plazo «más breve posible» la Comisión Mixta de Transferencias con el objetivo de negociar para hacer efectiva la transferencia de la competencia penitenciaria, prevista en el Estatuto de Gernika.

PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE firmaron en el pleno de ayer una enmienda transaccionada a una proposición no de ley de la formación morada. El parlamentario Juan Luis Uria subraya que esta transferencia «no es el acercamiento de los presos de ETA», ni un «capricho», sino una materia recogida en el Estatuto de Gernika, una ley orgánica que lleva 38 años sin cumplirse.

Desde EH Bildu, Jone Goirizelaia recordó que el Ejecutivo Rajoy repite una y otra vez que hay que respetar y cumplir las leyes y sin embargo no lo aplica en relación al Estatuto. El jeltzale Joseba Zorrilla calificó de «triste» y «lamentable» que el Parlamento tenga que instar al Gobierno español a que «cumpla la ley».