Maite UBIRIA BEAUMONT
DINÁMICA PARA PONER FIN A LA POLÍTICA PENITENCIARIA DE EXCEPCIÓN

El multicandado de las celdas galas exige usar varias llaves

Los artesanos de la paz han acercado hasta la mesa del Gobierno francés demandas concretas y avaladas por la mayoría social del país. En todo caso, la telaraña securitaria, que se ha hecho más tupida bajo el estado de urgencia, obliga a poner aceite en otras cerraduras, si se quiere que finalmente se abran las puertas de las celdas de las prisiones galas.

El camino, largo y sinuoso, que ha recorrido la interlocución vasca en París ha permitido fijar, en los últimos meses, un espacio de trabajo con el Ministerio de Justicia francés. El embrión de esa delegación, que hoy es reconocida como interlocutora, dejó su carta de presentación, dos años atrás, en el marco de la llamada Conferencia Humanitaria por la Paz, que acogió la Asamblea Nacional francesa.

Por lo andado desde entonces, hoy sabemos que ese trabajo artesano no tenía por objetivo tejer un Patchwork más o menos vistoso, porque esa manta de colores debía servir para un fin más estratégico: mantener el calor sobre unos entonces incipientes consensos para, llegado el momento, hacerlos aflorar con la mayor dosis de eficacia.

La respuesta social al paso en falso de la Francia policial el 16 de diciembre de 2016 en Luhuso movió las líneas. El esquema de desarme se metamorfoseó, pegándose a la piel de esa sociedad civil que sacó una tarjeta roja a las inercias, a algunas propias pero sobretodo a las muchas ajenas, hasta dibujar un escenario inédito, el 8 de abril.

Los viejos esquemas políticos empezaron a chirriar, empujados por el compromiso de perseverar expresado en Baiona por un elenco social tenaz que, tras ayudar a vaciar los zulos, se fijó una meta no menos ambiciosa, la de vaciar las cárceles.

En una ciudad-estado llamada París se ha jugado la parte decisiva de esta complicada partida desde el pasado verano. Y allí se ha demostrado, pongamos con el voto por unanimidad de su Ayuntamiento en favor del proceso de paz, que las demandas que resonarán el 9D en la ciudad del Sena son también asumibles para el arco político hexagonal en su conjunto.

Ese avance es clave cuando se sabe que la llave maestra para desbloquear el multicandado de las cárceles es la voluntad política. Aunque ésta podrá adoptar, eso sí, diferentes formas y tiempos en función de los casos diversos que se dan en un colectivo de más de 60 presos.

Con la ayuda de la letrada Xantiana Cachenaut, el semanario Mediabask exploraba, ayer, las posibilidades de hacer realidad los cambios en ciernes.

Con consejo de abogada, repasemos algunas claves para avanzar en las demandas artesanas, pero también en otros dossieres adyacentes. Empezando por la demanda faro, el acercamiento, hay que decir que es la medida con más contenido político. Puede producirse bien por una decisión más o menos global del Ministerio de Justicia galo –el precedente más cercano, pero con matices, es el traslado de detenidos corsos a la prisión insular de Borgo– o caso a caso –en verano un juez ordenó el traslado del hoy ya ex preso Zuhaitz Errasti a Mont-de-Marsan; sin embargo, los tribunales galos, en general, siguen anclados en la fase anterior–. La salida de la marcha a las cárceles desde Mont-de-Marsan, dejó una novedad. Su directora ve posible acondicionar un módulo para mujeres. Luego, con voluntad, todos los presos vascos podrían ser acercados a esa prisión.

La llegada de la marcha de las cárceles a París coincidirá con un juicio, por euroorden, con el contexto de la tortura. El juicio afecta a Iratxe Sorzabal y se da tras aceptar un tribunal, por primera vez, la aplicación del Protocolo de Estambul. Ese proceso, que tendrá lugar el día 6, cobra más relevancia si se tiene en cuenta que hay una veintena de encarcelados en el Estado francés contra los que Madrid ha cursado euroórden, en la mayoría de los casos amparándose en declaraciones sobre las que pesa la sombra de la tortura.

El 18D se dirimirá un caso inhabitual, el de Aritz Arginzoniz, que será juzgado en París tras haber purgado la pena impuesta en el Estado español. La batalla jurídica pasa en su caso por que el tribunal admita la «confusión de pena», en la esperanza que una sentencia favorable marque jurisprudencia en los casos de los presos que cumplen pena en el Estado francés y refuerce además la demanda de varios prisioneros denunciando la práctica española de incumplir la directiva europea, imponiéndoles esa doble condena.

La denuncia por «discriminación por nacionalidad» es un camino a explorar en demandas de libertad condicional toda vez que, con el endurecimiento de la legislación gala, tras los atentados islamistas en Niza y París, hoy por hoy sólo cinco vascos tienen posibilidades de ser excarcelados mediante la condicional frente a los 31 que teóricamente cumplían los requisitos con la ley anterior.

La herida que más sangra, la de los presos enfermos, depende de las decisiones que adopte el juez, en base a informes médicos. Lo que, a menudo, sólo lleva a alargar el sufrimiento. De ese laberinto salieron meses atrás Lorentxa Gimon o Oier Gómez, pero en él sigue todavía atrapado Ibon Fernandez Iradi.