Alberto PRADILLA
Tegucigalpa

PROTESTAR BAJO EL TOQUE DE QUEDA EN TEGUCIGALPA

Pequeñas protestas nocturnas se repiten en Tegucigalpa mientras el toque de queda se extiende hasta el domingo. Las calles permanecen prácticamente vacías, patrulladas por policías y militares. Mientras, el TSE prosigue con el recuento de las actas.

En el barrio de La Leona, en el centro de Tegucigalpa, cerca de cincuenta personas desafían al toque de queda impuesto por el Gobierno de Honduras para protestar contra la reelección de Juan Orlando Hernández y proclamar a Salvador Nasralla como presidente. Son las 21:30 (las 4:30 en Euskal Herria) y el ambiente es casi familiar, con niños participando en la marcha, pero tenso. A primera vista, parecen personas de clase media, si es que ese concepto existe en uno de los países con mayor índice de desigualdad del mundo.

Se avanza deprisa. Están violando el estado de excepción y en un país militarizado y extremadamente violento puede tener sus consecuencias. María del Carmen Pardo es de las mujeres que, cacerola en mano, secunda la movilización. «Ya está bien de tantos asesinatos, de tanta corrupción», asegura. «JOH (como se conoce popularmente al presidente) no es el ganador. Su candidatura era ilegal y ahora está haciendo fraude», afirma. Junto a su amiga Olga Marina Lobo, serán de las últimas en abandonar la pequeña placita donde han cerrado el acto cantando el himno nacional. En Honduras, cada vez que un evento termina, especialmente si ha caído el sol, todo el mundo desaparece. Quieren llegar lo antes posible a casa. Aunque ante las cámaras tanto Pardo como Lobo dicen no tener miedo, cuando se despiden llega la confesión: «un poco de temor sí que hay». La calle está completamente vacía y la iluminación es escasa. Pasa una patrulla de la Policía Nacional Civil y uno de los policías saluda con complicidad a las manifestantes.

Honduras permanece en estado de excepción desde el sábado. Durante los primeros días, la prohibición de salir a la calle se extendía entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. A partir del martes, el Gobierno ha flexibilizado los horarios. Ahora el toque de queda comienza a las ocho y finaliza a las cinco. Siempre hay algún vehículo que se lo salta pero, en general, las calles están completamente vacías. Al menos, las principales. Hay colonias que están fuera del control del Estado, antes y ahora.

La marcha comienza en La Leona a las 21:00, cuando en toda la ciudad se escuchan cohetes, petardos y cacerolas. El grupo avanza entonando las canciones habituales contra el Ejecutivo y acompañado por un bombo. Es una de las reducidas movilizaciones que se desarrollan en las colonias desde el sábado, cuando el Gobierno hondureño decretó el toque de queda. En La Leona se camina a paso ligero, aunque no está claro si hay temor hacia una reacción de la Policía, que por la mañana había anunciado que no reprimiría las protestas, o hacia otros elementos como las pandillas, igualmente peligrosos. Junto a este barrio se encuentra la colonia El Bosque, uno de esos territorios controlados por las maras. Los manifestantes caminan por alguna de sus calles principales y una de las participantes reconoce que, de no ser por la marcha, no se le ocurriría poner un pie en este lugar. Envalentonados, quienes llevan la pancarta tratan de subir a través de una callejuela. El que se encarga del megáfono, que vive en la zona, se lo impide: «no busquen lo que no quieren encontrar», dice. Todo queda claro. La marcha da un giro y regresa sobre sus pasos. «Si no reconoce su derrota, esta protesta va a seguir». Javier Vallesta insiste en que las marchas seguirán. No cree que la protesta en la que participa sea escasa. Afirma que ha sido necesario diversificarse a causa de la violencia del fin de semana, pero destaca que se mantiene el descontento en todo el país. Tras la explosión de viernes, sábado y domingo, da la sensación de que Honduras necesitase un respiro.

«El corcho se hunde y el plomo flota»

Concluida la marcha, que es como el picotazo de una avispa en la piel del elefante, la ciudad se encierra todavía más en sí misma. Siendo honestos, tampoco es que Tegucigalpa sea una urbe donde uno puede caminar tranquilamente por la noche. Lo habitual es no salir demasiado y, quien puede pagarlo, vivir en condominios cercados con guardia armado en la puerta. El toque de queda genera un ambiente más pesado. Hay calles, como la Francisco Morazán, donde el silencio se rompe únicamente por los pasos de dos soldados que patrullan solitarios y un helicóptero que se escucha a lo lejos. Los dos uniformados caminan como debería caminar un forastero cuando llegaba a una nueva aldea en el lejano oeste. No quieren fotos. Son jóvenes. Parecen asustados a pesar de tener sus armas preparadas.

«Honduras es el país en el que el corcho se hunde y el plomo flota», asegura José Servellón, un trabajador de seguridad privada que vigila una gasolinera. Supuestamente, debería estar cerrada, ya que sería imposible tener clientes por el toque de queda. Basta preguntar sobre los permisos para que un coche se acerque, rellene el tanque y siga su camino. A eso se refiere Servellón. A que incluso un gobierno autoritario como el de Juan Orlando Hernández llega hasta donde puede. Este hombre, que pasa de los 50, que carga una porra y una pistola, explica que trabajar de noche, de vigilante, en una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del mundo, no es una elección. «No hay trabajo, no hay dinero, es lo único que se puede hacer», afirma. Ni siquiera quiere decir cuánto gana. El salario mínimo en Honduras está en 8.000 lempiras (288 euros). Servellón trabaja 12 horas al día sin que le paguen las horas extra y sin ningún tipo de seguro médico.

Además de las pequeñas y breves manifestaciones, otro modo de protesta son las barricadas de fuego diseminadas por todo Tegucigalpa. En realidad, uno o dos neumáticos ardiendo, que ni siquiera cumplen con la función de impedir el paso. Son como señales de que hace relativamente poco tiempo alguien estuvo aquí clamando contra el fraude. También puede ser un modo de un grupo de pandilleros para hacerse visibles, controlar el terreno o pasar la noche.

Son las 23:00 y en la avenida Miguel de Cervantes, en el centro, se observa un grupo de personas tras un cordón policial. Cuando esto ocurre, suele ser sinónimo de homicidio. Observar la escena de un crimen desde la barrera y comentarla es parte de la costumbre del lugar. Ocurre todos los días. En este caso, se trata de un incendio. Se está quemando otra vez el Museo del Hombre Hondureño. Ya ardió hace una semana. El fuego y los bomberos arremolinan a los curiosos. Algunos han tenido que salir de su casa por el humo. En el grupo se encuentra Kevin Ramos, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, una ONG que se despliega durante el toque de queda para «velar por la integridad física de las personas». Denuncia la impunidad con la que ha actuado la Policía Militar en jornadas pasadas. Asegura que, según los datos que ellos manejan, son once muertos, más de 30 heridos de bala (de ellos, la mitad son menores) y más de 500 detenidos. El estado de excepción se alargará hasta el domingo.

Huelga policial

Durante el día, la ciudad recupera la calma. El martes no hubo manifestaciones, aunque para el miércoles ya había previstas dos marchas: una de partidarios de la Alianza frente a las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde el Tribunal Superior Electoral realiza el conteo de actas, y otra de seguidores del oficialista Partido Nacional. Con las protestas a medio gas, la atención mediática estaba en la «huelga de brazos caídos» que llevaba a cabo la Policía Nacional Civil. La iniciativa partió de los Cobra, que es el cuerpo de élite. Uno de sus portavoces anunciaba a las 16:00 (las 23:00 en Euskal Herria), un día después de iniciar la protesta, que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno. Según los medios locales, el pacto tiene que ver con mejoras económicas para los agentes. Estos, sin embargo, aseguran que el origen de la huelga está en su rechazo a «reprimir al pueblo«. Puede que haya un poco de todo. También hay otros factores, como que existe una pugna histórica entre la PNC y la Policía Militar, a la que Hernández ha favorecido en su campaña contra las pandillas. Por último, está la resaca de la «depuración» que el Ejecutivo desarrolló en enero y que dejó a cientos de agentes en la calle. Intentando congraciarse con la policía, algunos seguidores de la Alianza habían acudido al cuartel para mostrarles su apoyo. La víspera, hasta Salvador Nasralla los visitó. Los agentes no veían con buenos ojos las banderas de Libre paseando frente a sus instalaciones. Aunque luego se produjo la imagen de agentes y activistas cantando, todos a una, el himno de Honduras. Los primeros, desde la barrera del cuartel. Los segundos, puño en alto. Luego, los uniformados saldrían a patrullar y alguno reconocía que no podían hacer nada en relación al toque de queda. Cierto es que muchos manifestantes aseguran que este cuerpo no es el que les ha disparado, pero quién sabe cómo reaccionará si le dan la orden de hacerlo.

La crisis ya ha cumplido más de una semana y las posiciones se estancan. Entre los partidarios de Nasralla y la Alianza de Oposición contra la Dictadura, se mezclan los argumentos previos a las elecciones, como las acusaciones de fraude, la denuncia de la ilegalidad de la reelección o la enumeración de casos de corrupción, con nuevos argumentos vinculados al proceso de conteo. El proceso, sin embargo, sigue según los planes del Tribunal Supremo Electoral, que es el que defiende también el Partido Nacional, del presidente Hernández. La disputa está en torno a 5.300 actas de las 18.000 totales. Son las que no se transmitieron a la base de datos central el 26 de noviembre, cuando se cerraron las urnas. En ese momento, Nasralla iba en cabeza. Pero el sistema cayó y Hernández comenzó a remontar. Sus partidarios aseguran que el vuelco fue por las zonas rurales. Incluso “The Economist” asegura que, para que se cumpliesen los resultados que ofrece el órgano rector, Hernández debía haber sacado una ventaja de 18 puntos al opositor en las actas en disputa. Difícil, si se tiene en cuenta lo polarizado de la situación.

Llegados a este punto, es posible que solo la mediación de la OEA pueda facilitar un acuerdo. Aunque «timorata», como la califica María Luisa Borjas, concejala de Libre en el Ayuntamiento de Tegucigalpa, la institución ha terminado reconociendo que las demandas opositoras son razonables. El oficialismo, por su parte, juega otra carta. Dilatar la situación e imponerse a través de los hechos consumados. Tienen el precedente del golpe de Estado de 2009.