Los presos del centro penitenciario Milton Dias Moreira, en el área metropolitana de Río de Janeiro, liberaron finalmente a los 18 rehenes, entre ellos ocho policías, que tomaron como parte de un motín que estalló el domingo, después de que efectivos de las fuerzas especiales BOPE irrumpieran en la prisión. El motín coincide con el anuncio del Gobierno de una batería de medidas que se enmarca en la orden del presidente brasileño, Michel Temer, de asumir temporalmente las competencias de seguridad en Río de Janeiro.

Mientras el estado esperaba ayer saber cómo será la intervención federal de su seguridad pública, las calles de Río de Janeiro amanecieron sin la presencia del Ejército, dos días después de que Temer cediera el control de la seguridad a un general para frenar la violencia.&discReturn;

El sábado algunas tropas patrullaron la capital fluminense coincidiendo con la visita del presidente pero los episodios de violencia se repitieron. Hasta 88 tiroteos y 14 muertos se registraron entre la noche del viernes y la del domingo.

Ayer, sin la presencia de militares en las calles, la seguridad fue reforzada por la policía mientras miles de personas continuaban divirtiéndose con las últimas comparsas callejeras del post carnaval.

Temer, que obtuvo el aval del Consejo de la República y del Consejo de Defensa Nacional, aprovechó las imágenes de violencia que marcaron el carnaval para decretar la inédita intervención del área de seguridad de Río de Janeiro. La medida, que no puede ser modificada por el Legislativo, necesita una mayoría simple en la Cámara de los Diputados y en el Senado para recibir luz verde.

Mientras, el Gobierno y el general Walter Souza Braga Netto, el nuevo «gobernador» de Río en el área de seguridad, planifican la intervención federal, que ha recibido críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Incluye medidas como as «detenciones colectivas» con mandato judicial, que permiten registros y arrestos múltiples en un amplio radio susceptible de ocultar presuntos delincuentes. Estas detenciones ya fueron utilizadas en ocasiones anteriores y suspendidas ante las protestas por registros indiscriminados.

Una vez que el decreto sea aprobado por el Congreso los militares, que ya habían sido desplegados a mediados del año pasado en Río, aunque con una actuación limitada, comenzarán a ocupar las calles.

Pero la Constitución impide que durante una intervención puedan votarse reformas de la carta magna, como la reforma del sistema de pensiones, pilar fundamental de la política neoliberal de Temer, quien asegura que si logra el apoyo a esa reforma, «cesará» la intervención federal de forma temporal.