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DONOSTIA

AI y Fair Trials denuncian la «desproporción» del caso de los jóvenes de Altsasu

Dos de las asociaciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo, Amnistía Internacional y Fair Trials, han criticado la «desproporción» del Estado español en el caso de los jóvenes de Altsasu.

Amnistía Internacional ha publicado el balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 195 países y, en lo que respecta al Estado español, hace referencia a diversos casos relativos a Euskal Herria. Por un lado, cita el caso de Nekane Txapartegi, quien quedó en libertad el pasado mes de setiembre tras prescribir su condena. Añade que, meses antes, en abril, el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse a la extradición solicitada por el Estado español.

En el apartado en el que habla de la aplicación «desproporcionada» de la legislación «antiterrorista», el informe recuerda que tres de los jóvenes de Altsasu siguen encarcelados a la espera del juicio, previsto para el próximo mes de abril.

Las familias de estos jóvenes destacaron la importancia de este pronunciamiento, así como el de Fail Trials, asociación internacional en defensa del derecho a un juicio justo. Esta ha definido de «alarmante» y «sumamente desproporcionada» la petición de 50 años de prisión para la mayoría de los jóvenes, «ya que los mismos hechos conllevarían una pena máxima de 5 años si no hubieran sido calificados como delitos relacionados con el terrorismo».

Volviendo al informe de AI, recoge también que el Constitucional admitió en mayo de 2017 un recurso presentado por el Gobierno español contra la ley del Parlamento de Gasteiz relativa al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos policiales. Por otro lado, se muestra preocupado por la libertad de expresión. El director de la asociación en este estado, Esteban Beltrán, criticó que «cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos» por las «miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión» en aplicación de la «ley mordaza».