A iniciativa de la delegación de la CAV del Gobierno español, el juez ha desestimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra las ayudas económicas a las actividades de Gaindegia. El observatorio socioeconómico de Euskal Herria denunció en una nota que para defender esa acción judicial la Policía española espió a 25 personas relacionadas con él.

Gaindegia recordó que en los años 2013 y 2014, impulsado por el entonces delegado Carlos Urquijo, la Abogacía del Estado presentó recursos contra las ayudas económicas recibidas desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. Según criticó Gaindegia, mediante la denuncia se le quiso negar a la Diputación la competencia para subvencionarle. Añade que esto, además de la base administrativa, tiene otra política: «Solicitaba una censura política contra el proyecto de Gaindegia y las personas que forman su base social. Es decir, quedarse sin derechos civiles para construir el pueblo en la práctica».

Aparte de defender su derecho a actuar en los juzgados, denunció que la Abogacía del Estado presentó en el recurso dos informes firmados por un jefe de la Brigada de Información de la Policía española. En ellos, se recogía información personal sobre 25 personas vinculadas a la asociación, sobre su afiliación sindical o ideología, entre otras cosas.

Truncar el proyecto

Gaindegia pidió que se tomaran como ilegales dichas pruebas y la resolución le ha dado la razón, además de realizar una grave crítica tanto a la Policía como a los delegados del Estado.

«Fue un claro intento de truncar el proyecto criminalizando a las personas», subrayó Gaindegia. «En las últimas décadas, tenemos más obstáculos que nunca para construir una vida comunitaria de identidad nacional», agregó.