El Tribunal Constitucional ha demostrado que la ciudadanía vasca no puede impedir el uso del fracking. Ha puesto de manifiesto que el autogobierno de la CAV y Nafarroa está supeditado a los dictados de Madrid. Y lo mismo ocurre cuando se habla del tren de alta velocidad. Las personas residentes en Hego Euskal Herria pueden opinar, pero no decidir, sobre el trazado de esta infraestructura ferroviaria, que amenaza a Lautada y Añana, entre otras comarcas.

Son solo dos de los ejemplos planteados por el profesor Iñaki Antigüedad, la bodeguera Esti Besa, la abogada Ana González y la ecologista Erika Martínez en la mesa redonda celebrada el miércoles en Gasteiz. Una cita organizada por Gure Esku Dago bajo el título “Gure lurra” en la que se puso de manifiesto el escaso margen de las instituciones vascas para hacer frente a la normativa básica del Estado español, que, a juicio de Antigüedad, en lugar de básica debe llamarse «ácida, porque quema».

El catedrático censuró la falta de competencias de los territorios vascos para tomar decisiones que afecten a la economía y a los recursos naturales, así como a puertos y aeropuertos. «Si pedimos el derecho a organizar nuestros territorios es para poder decidir sobre todo lo que tiene incidencia en ellos», remarcó tras insistir en la importancia de garantizar la sostenibilidad de los mismos, ya que las decisiones que se tomen ahora condicionarán el derecho a decidir de futuras generaciones. No en vano, la construcción de grandes infraestructuras puede provocar graves afecciones económicas y medioambientales.

En Rioja Alavesa, por ejemplo, están pendientes de que Madrid decida por dónde pasará la línea de alta velocidad entre Miranda de Ebro y Logroño. «El Gobierno español ha puesto cuatro opciones sobre la mesa, dos pasan por Araba y no sabemos que es lo que va a ocurrir. Ellos tomarán la decisión, y ha nosotros ni nos han preguntado», explicó Besa, que tiene una bodega en Eskuernaga, uno de los 16 pueblos que forman una cuadrilla pintada por el color de las parras. Verde intenso en verano y rojo anaranjado en otoño.

La economía de Rioja Alavesa se basa en el sector vinícola. Existen decenas de bodegas familiares que se ven supeditadas a la normas impuestas por la Unión Europea y por el Estado español. Y que, además, tienen que pelear en el seno de un Consejo Regulador que tiene su sede en Logroño y que está controlado por grandes empresas. Estas marcan el precio y la producción, sin reparar en los intereses de unos bodegueros que dan mayor importancia a la calidad que a la cantidad.

Su capacidad de decisión, al igual que el de la ciudadanía vasca, es escasa, pero han conseguido logros gracias al papel desempeñado por Abra, que trabaja en la creación de una nueva denominación de origen en Rioja Alavesa. El anuncio de los bodegueros alaveses no pasó inadvertido en Logroño, y, al final, el regulador ha aceptado la posibilidad de que los vinos de DOC Rioja puedan diferenciarse en su etiquetado según la zona o el municipio. «Nos hemos dado un plazo de dos años para ver que incidencia tiene la medida», apuntó.

Margen para avanzar

Donde sí se pueden dar pasos y comenzar a ejercer el derecho a decidir es en cuestiones relacionadas con el suministro eléctrico. Martínez, que trabaja en la cooperativa GoiEner, recordó que existen alternativas de consumo. No es obligatorio pagar a Endesa e Iberdrola, se puede contratar la energía a través de comercializadoras de energías renovables. «Tenemos la capacidad de decidir que modelo queremos y lo podemos hacer porque hay alternativas. Podemos apostar por lo local frente a las multinacionales», destacó.

Y lo mismo ocurre cuando hablamos de alimentación. Ana González subrayó que la ciudadanía puede optar por modelos de consumo sostenible. «Tenemos derecho a decidir qué alimentos queremos, pero necesitamos gente y recursos para producirlos. Y tenemos que garantizar que las personas que procesen esos alimentos lo hacen de una forma digna», indicó tras recordar que la soberanía alimentaria puede servir para dignificar la labor de las personas productoras de alimentos.

Por desgracia queda mucho por hacer para que la soberanía alimentaria sea una realidad. Basta con ver los datos publicados por Ehige, que alertan de que la mayoría de los alimentos que se consumen en la CAV no son de proximidad. González citó algunos de ellos: cada día, se importan 70.000 kilos de leche y se exportan 30.000, se importan 2.500 kilos de carne de pollo y se exportan 1.000, se importan 98 toneladas de pescado refrigerado y exportan 44.

Al menos, los ciudadanos tienen la última palabra y pueden decidir qué tipo de alimentos quieren consumir. No tienen que reivindicar su derecho a decidir ante un Estado que impone infraestructuras y recurre las leyes que no le gustan.