Un acto ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbo rescató de la historia política vasca uno de sus capítulos más curiosos, y a la larga estériles. El 28 de marzo de 1993, hace un cuarto de siglo, el viejo PSOE español y la originariamente abertzale Euskadiko Ezkerra fusionaban sus siglas, en lo que realmente era más bien una absorción en toda regla forzada por la deriva política de EE y –según sus críticos internos– también por el riesgo de quiebra económica.

Aquella tarde en el Teatro Arriaga, la entonces máxima referencia de EE y excondenado a muerte en el Proceso de Burgos, Mario Onaindia, proclamó sin empacho alguno que «si hubiéramos tenido la suerte de nacer al sur del Ebro, todos hubiéramos militado en el mismo partido». Para entonces, la ciaboga de este partido, en la que se habían integrado con cargos de responsabilidad numerosos antiguos poli-milis de ETA, ya había sido tan completa como para firmar el Pacto de Ajuria Enea y aceptar la misma Constitución española que había rechazado en 1978.

A la peculiaridad del abrazo político se unía otra que lógicamente fue completamente obviada en la celebración de ayer: apenas una década antes de aquel acto, en 1983, dirigentes del PSOE y del PSE se implicaban en la puesta en marcha de los GAL, mientras paralelamente los militantes de EE que habían sido castigados por militar en ETA iban saliendo de prisión o retornando del exilio (entre 1981 y 1985) gracias a los acuerdos entre el ministro de Interior de la UCD Juan José Rosón y el euskadiko Juan Mari Bandres. Aquello fue presentado como «proceso de reinserción», pero en la práctica constituyó más bien una amnistía a cambio del abandono de la acción armada (Felipe González firmó 44 indultos). Ni el informe elaborado por la Audiencia Nacional en 2011 ni el publicado por el Gobierno de Lakua en 2014 detallan cuántos de los llamados «crímenes sin resolver» de ETA se incluyen en ese limbo posterior a la disolución de los poli-milis. En cuanto a los GAL, la impunidad fue la norma, aunque en las excepciones puntuales fueron condenados los entonces gobernadores civiles del PSOE Julián Sancristóbal y Julen Elgorriaga o el que era secretario general del partido en Bizkaia Ricardo García Damborenea.

Ramón Jáuregui, que precisamente era delegado del Gobierno español en la CAV en todo ese ciclo de los GAL, desde 1983 a 1987, emergió como protagonista absoluto del acto de ayer. Lo usó para anunciar su adiós a la política (el hoy eurodiputado tiene ya 70 años), lo que denota que aún da cierto valor a aquella fusión con EE. Según afirmó en el acto, el objetivo que se buscaba era bastante más amplio: «Culminar el tránsito de quienes venían de militar en la violencia y que abrazaron la política« para «tratar de convencer a toda la izquierda abertzale de que la democracia que estábamos construyendo era de verdad».

Si efectivamente fue así, el intento resultó baldío. E igual ocurrió con el que sí se verbalizó en 1993. La absorción fue vendida como un intento de crear un polo fuerte de izquierda «vascoespañola» que hiciera frente al PNV, algo con poco sentido si se recuerda que EE venía de compartir gobierno en Lakua con los jelkides (1991) y que el nuevo PSE-EE será el auténtico bastón del lehendakari José Antonio Ardanza desde muy poco después (1995).

Si la influencia política real quedó muy lejos de lo planteado aquella tarde en el Arriaga, la representación institucional de aquella fórmula ha ido decayendo de modo imparable. Los nueve escaños que hoy tiene PSE-EE en el Parlamento de Gasteiz son los mismo que tenía EE en solitario en esa cámara en 1986, cuando el PSE era allí la fuerza más representada con otros diecinueve.