Centrado en su primera fase en los casos con resultado de muerte, los promotores del informe presentado ayer en el Palacio Miramar de Donostia adelantan que se pretende también abordar la situación de personas torturadas o heridas. Tras destacar la «ambigüedad» existente en los criterios para contabilizar los casos, el Foro Social considera necesario armonizar dichos criterios e implicar a agentes e instituciones en la tarea.

Teresa Toda, Nekane Alzelai, Fernando Armendáriz y Agus Hernán comparecieron en nombre del Foro Social para presentar los resultados del informe, para cuya elaboración se han basado en diferentes fuentes como los trabajos realizados por el Gobierno de Lakua, Covite y Euskal Memoria. En base a los diferentes datos existentes, el Foro Social cifra en unos 482 los casos sin esclarecer.

Alzelai y Hernán hicieron una valoración del informe e incidieron en que la finalidad de poner este debate sobre la mesa es defender el derecho de las víctimas a conocer la verdad como principal garantía de justicia, reconocimiento y no repetición de lo sucedido. «Basándonos en el derecho internacional, defendemos el principio de no discriminación entre víctimas de vulneraciones de derechos humanos», expresaron.

Abordar esta cuestión hace necesario, según el Foro Social, un acuerdo político y social que incluya a las propias víctimas en toda su pluralidad. Consideran que dicho acuerdo debería ser «innovador e inclusivo» y citaron como ejemplo la vía utilizada en el desarme, lo que traído a esta cuestión supondría, según explicaron, la triangulación entre instituciones, víctimas y sociedad civil.

En su opinión, el acuerdo previamente mencionado debería responder a tres aspectos: el derecho de las víctimas a conocer la verdad como instrumento reparador, el principio de que todas las víctimas son iguales en derechos y deben tener el mismo reconocimiento, así como la necesidad de avanzar en la construcción de una convivencia sin personas presas. «Un acuerdo singular para nuestro contexto que, dando respuesta a la demanda de verdad de las víctimas de nuestro país, no se marque como objetivo único la aplicación punitiva de la justicia ordinaria, una de cuyas consecuencias sería alargar la construcción de la necesaria reconciliación social», señalaron.

Transversal e integral

Durante la exposición de las conclusiones del informe, Armendáriz y Toda destacaron la diversidad de criterios existentes para contabilizar los casos sin resolver, por lo que el Foro Social aboga por una armonización de los mismos. Según expusieron, el Gobierno de Lakua cifra en 220 los casos con resultado de muerte sin esclarecer –por parte de ETA y «grupos afines», BVE y sus «siglas satélite», GAL y algunos de autoría desconocida–, Euskal Memoria lo hace en 328 muertes por terrorismo de Estado y muertes provocadas por fuerzas policiales y Covite habla de 359 en las que no contabiliza las víctimas de los GAL, el BVE y sus «grupos satélite». Tras contrastar estos datos, el Foro Social calcula que podría hablarse de 482 casos sin resolver.

Otra de las cuestiones destacadas por el Foro Social es que «el porcentaje de casos sin esclarecer es mayor en los casos de terrorismo practicado por la extrema derecha o los funcionarios públicos del Estado». Concretamente, en el caso de los GAL el porcentaje de casos sin esclarecer es del 37%, del 24,39% en el caso del BVE y del 23,2% en el caso de ETA.

Asimismo, subrayaron la conveniencia de tener en cuenta otros casos sin resultado de muerte que tampoco han sido esclarecidos o han tenido un recorrido judicial nulo. La mayoría de ellos se corresponden con casos de tortura, 4.113 según el informe de Lakua, cuestión que el Foro Social urge a abordar.

Hablar de todo ello requiere, según han destacado, «desarmar la palabra» para lo que han demandado la implicación de instituciones, partidos y medios de comunicación a fin de fomentar «dinámicas transversales» que incluyan todas las sensibilidades.