El capitán del barco, el jefe de misión y el coordinador del barco de rescate de la ONG catalana Proactiva Open Arms, que el domingo fue inmovilizado por las autoridades italianas en el puerto de Pozzallo, en el sur de Sicilia, se enfrentan a penas de entre 4 y 7 años de prisión por un posible delito de «promoción de la migración ilegal» por desobedecer a los guardacostas libios.

El sábado se negaron a entregar a los guardacostas libios a 216 migrantes, en su mayoría eritreos, rescatados el miércoles por la noche frente a las costas de Libia y los llevaron hasta la costa italiana. La guardia costera italiana informó a la ONG de dos embarcaciones en problemas, por lo que fue en su ayuda. Roma avisó luego de que la guardia costera libia asumiría el mando de las operaciones.

Según relató ayer en rueda de prensa en el puerto de Barcelona el fundador y director de la ONG, Òscar Camps, una hora después llegó una patrullera de la Guardia Costera libia, que detuvo las maniobras de rescate y les amenazó para que les entregaran a las mujeres y niños ya rescatados en su barco, momento en que se generó pánico y los hombres que seguían en la embarcación que estaban rescatando se lanzaron al mar. «Preferían morir» que ir a Libia, resaltó.

Las personas rescatadas se negaron a abandonar el barco de Open Arms e ir con los guardacostas libios, que se fueron, y ellos pusieron rumbo al norte para buscar un puerto seguro.

Grupos de derechos humanos han denunciado los vínculos entre la Guardia Costera libia y las mafias que operan en Libia, ya que aseguran que estas últimas avisan a los militares de la salida, y que incluso antiguos contrabandistas están ahora al mando de las patrulleras. «Lo que hay que hacer es preservar la vida, y eso es lo que hemos hecho. En ningún momento hemos desobedecido ningún código ni ninguna ley», insistió Camps junto al presentador Jordi Évole; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el cantante Joan Manuel Serrat y el exjugador de Baloncesto Jordi Villacampa.

«Impedir el rescate de vidas en peligro en alta mar con el fin de devolverlas por la fuerza a un país no seguro como es Libia equivale a llevar a cabo una devolución en caliente, contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU», destacó. «Hemos pasado de ser víctimas de un ataque a ser acusados por el fiscal de Catania», criticó Camps.

Rechazó la «campaña de desprestigio que sufren desde 2016 las organizaciones que trabajan en el Mediterráneo».