El forense Paco Etxebarria y la investigadora Laura Pego presentaron ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz el «Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014», informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno de Lakua.

El estudio documenta un total de 4.113 denuncias por torturas y malos tratos policiales, de los que a la Guardia Civil se atribuyen 1.792; al Cuerpo Nacional de Policía, 1.985; y 336 a la Ertzaintza. En el 43,5% de los casos, las personas que denuncian haber sufrido estas torturas durante su periodo de detención quedaron finalmente en libertad.

La comparecencia se produjo a petición de Elkarrekin Podemos y, tras la intervención de los directores del informe, el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, expuso qué medidas va a desarrollar el Ejecutivo autonómico con los resultados de esta investigación.

Jonan Fernández habló de «al menos siete medidas por el momento», entre las que destaca la petición al Gobierno español para que reconozca la realidad de la tortura, adopte las medidas de prevención que recomiendan las instituciones internacionales, encargue un informe independiente y haga una «reflexión crítica» sobre el daño causado a las víctimas de los malos tratos. El secretario general de Paz y Convivencia justificó su petición en que la mayoría de las denuncias de tortura están causadas por Guardia Civil y Policía española.

«Merecieron más atención»

Fernández estuvo acompañado en su comparecencia de la directora de Derechos Humanos, Mónica Hernando. Junto a las reclamaciones a hacer a Madrid, el secretario de Paz y Convivencia sostuvo que el propio Gobierno de Lakua debe hacer un reconocimiento de los datos publicados y admitir que las víctimas de la tortura merecieron más atención también por parte de las instituciones vascas y que algunas de las medidas preventivas adoptadas tuvieron que tomarse antes.

También se pretende enmarcar las necesidades de las y los torturados en la Ley de víctimas de la violencia del Estado, que está en parte recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Jonan Fernández habló también de consolidar y mejorar los protocolos que tiene la Ertzaintza para evitar los malos tratos durante sus detenciones.

Además, el portavoz gubernamental sostuvo que el informe se pone a disposición de la Ponencia de Memoria y Convivencia y del Instituto Gogora. Es intención también del Ejecutivo autonómico remitir el estudio a instituciones internacionales de Derechos Humanos y proponerles trabajos de colaboración.

336 casos de la Ertzaintza

El informe del Instituto Vasco de Criminología recoge 336 denuncias de torturas y malos tratos contra la Ertzaintza, avalados de la misma forma que las del resto de cuerpos policiales.

PP y PSE ven en esto un motivo para la preocupación porque puede dañar la imagen de la Policía autonómica, cuando no ha habido condena judicial. La portavoz del PP Juana Bengoetxea consideró que podría resultar positivo organizar encuentros entre los redactores del informe y los sindicatos policiales que han protestado por las conclusiones del mismo.

Jonan Fernández recordó que ha habido también portavoces de los ertzainas que han aplaudido el informe. Y explicó que antes de la presentación se convocó una reunión con los sindicatos, a la que faltaron dos.

Julen Arzuaga, de EH Bildu, pidió que no se caiga en la «autocomplacencia» amplificando la parte del informe que reconoce las medidas preventivas adoptadas por la Ertzaintza, puesto que siendo una policía mucho más joven que otras, ya tiene 336 denuncias. También sostuvo que no es cierto que no haya condenas, porque una hay, al igual que otra denuncia internacional por no haber investigado debidamente.

Jonan Fernández sostuvo que la condena no tiene que ver con el conflicto político y el agente fue denunciado por sus compañeros. En cuanto al caso no investigado, la crítica no fue del TEDH sino de otra instancia internacional. Insistió en los esfuerzos hechos en prevención.

 

PP y PSE atenúan y contextualizan sus críticas

En cuantas declaraciones ha hecho desde que se presentara el estudio, el forense Paco Etxeberria ha destacado que los testimonios que han recabado son todos ciertos. Y parece que la veracidad del informe va consolidándose, dado que PP y PSE atenuaron ayer las críticas con las que lo recibieron.

Especialmente llamativo fue que el mismo día y prácticamente a la misma hora en la que el Gobierno estaba presentando el informe, el PSE hiciera público un comunicado en el que calificaba de «error resumir medio siglo de terror de ETA en 849 asesinados y 3.400 torturados». Ayer, en presencia de los autores del informe, José Antonio Pastor estuvo más contenido. Aseguró que no cuestionan ni el contenido y los testimonios del informe. Pero dejó claro que es un documento más entre los muchos que tendrá que tener en cuenta la Ponencia de Memoria y Convivencia a la hora de elaborar sus conclusiones. El portavoz del PSE criticó tanto a quienes pretenden hacer ver que la tortura ha sido sistemática como a quienes dicen que todo es un invento de ETA.

Por otra parte, este mismo 1 de marzo, el presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, pedía al lehendakari la retirada de este estudio del Parlamento. Ayer, la parlamentaria Juana Bengoetxea quiso aclarar que la «posición oficial» de su partido es reconocer el trabajo hecho, pero sostener que «hay que ser muy ingenuo» para no ver que iba a ser aprovechado por la izquierda abertzale, a la que no nombró pero dejó clara su idea. Bengoetxea insistió en que «todos estamos muy orgullosos» de Paco Etxebarria y dio veracidad al informe. Pero destacó que también otras personas habían sido «torturadas», en referencia a quienes habían sido perseguidas por ETA, lo que no se recoge en ese trabajo.I.I.