EH Bildu lleva mañana al pleno del Parlamento de Gasteiz una propuesta para que inste al Gobierno de Urkullu a que, «utilizando las competencias que actualmente posee, profundice la vía para complementar las pensiones y dignificarlas dentro del sistema de protección». Pide que busque fórmulas para llegar progresivamente a la revalorización del IPC. También demanda «que aplique progresivamente los parámetros mínimos enunciados por la Carta Social Europea a todos los y las pensionistas, con el objetivo de una pensión mínima de 1.080 euros en el plazo de cuatro años, fijándose especialmente en la situación de vulnerabilidad de las mujeres, ya que son las que reciben las pensiones más bajas».

La proposición fue presentada hace ya un mes y sus peticiones encajan con las reivindicaciones que los pensionistas están realizan en sus movilizaciones. Por ello, las parlamentarias Nerea Kortajarena y Maddalen Iriarte se mostraron confiadas en que se pueda alcanzar un acuerdo, puesto que no se entendería que todos los partidos menos el PP estén apoyando a los pensionistas en sus reivindicaciones en la calle, pero después no se den en el Parlamento de Gasteiz los pasos que se pueden ir dando para mejorar su situación.

«Recursos hay»

Las parlamentarias de EH Bildu, que ayer comparecieron ante los medios para explicar su propuesta, felicitaron a las jubiladas y los jubilados que el pasado sábado protagonizaron manifestaciones «modélicas e históricas» a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria.

En opinión de EH Bildu, la Administración autonómica tiene competencias para poder complementar las pensiones hasta llegar a la cifra que se considera digna según estándares en la Unión Europea (1.080 euros). En la actualidad, en la CAV hay 192.000 personas cuyas pensiones no llegan a los 700 euros.

Kortajarena e Iriarte recordaron que «recursos hay, más cuando hemos tenido una recaudación histórica» el pasado año. Pese a ello, admiten ser conscientes de que el esfuerzo presupuestario que se tendrá que hacer es importante y que la búsqueda de acuerdos será trabajosa. Por eso proponen que la aplicación de los complementos sea paulatina, empezando por las pensiones más bajas, y escalonada en un periodo de cuatro años.

Las parlamentarias soberanistas hicieron un llamamiento a alcanzar el acuerdo entre partidos en los días que quedan para que se debata la propuesta. «No entenderíamos –comentaron– que ahora les dieran la espalda; no entenderíamos que apoyaran sus reivindicaciones en la calle y luego en las instituciones no tomaran medidas para hacerlas realidad».

«PNV mójate»

Mientras en el interior del Parlamento se realice ese debate, en el exterior tendrá lugar una concentración convocada por las plataformas de pensionistas que se iniciará a las once de la mañana. El Área de Mayores y Pensionistas de LAB mostró ayer su apoyo a ese acto.

Pese a que la mayoría de las demandas en las movilizaciones de pensionistas se han dirigido al Gobierno de Mariano Rajoy, en la concentración del lunes ante el Ayuntamiento de Bilbo ya empezaron a escucharse gritos de «¡PNV mójate!», puesto que, además de lo que decida el Gobierno español, también desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y desde el Parlamento de Gasteiz se pueden adoptar medidas que palíen las insuficiencias de la mayoría de las pensiones.

De hecho, en esa movilización ya hubo quien apuntó que «el PNV va a tener, en el Parlamento, una oportunidad para mostrar su apoyo a nuestra petición de una pensión mínima de 1.080 euros».

En un comunicado remitido a los medios, el Área de Mayores y Pensionistas de LAB también incidía en que mañana «se va a poder comprobar si los partidos políticos, esos que dicen estar apoyando a las personas pensionistas, de verdad lo hacen allí donde pueden, en el Parlamento, o les vuelven a dar la espalda como tantas otras veces».

LAB recordó que la reivindicación de los 1.080 euros de pensión mínima, que ha sido uno de los puntos que ha centrado las últimas movilizaciones, se presentó en su día en el Parlamento de Gasteiz como parte de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 71.724 firmas, que no fue tomada en consideración por la Cámara.

El PP de la CAV contra sí mismo

Por su parte, la secretaria general del PP de la CAV, Amaya Fernández, criticó ayer que, en el año 2012, el Gobierno de Patxi López «recortó un 7% la ayuda que se da a través de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a aquellas pensiones que son más bajas y que, en el caso de Euskadi, afectan a 15.000 pensionistas».

Entrevistada en Onda Vasca, la dirigente del PP señaló que «en este momento, en el que ya se vive una recuperación económica, es un gobierno con el lehendakari del PNV, el señor Urkullu, y con el apoyo del PSE de la señora Idoia Mendia, el que no ha revertido esos recortes».

Lo que Amaya Fernández no mencionó es que el recorte del 7% que acometió el Gobierno de Patxi López salió adelante con el voto a favor del PP, y que el actual Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha podido aprobar sus presupuestos, que no han revocado aquel recorte, también con los votos de su partido.

 

París y Madrid anuncian nuevas «migajas»

La presión de la opinión pública está obligando a los gobiernos español y francés a plantear iniciativas que intentan vender como contrapeso a la pérdida de poder adquisitivo por parte de las personas pensionistas. Medidas que ya han sido calificadas como «migajas» que no cambian el fondo de la cuestión por algunas de las plataformas que convocaron las movilizaciones de la pasada semana.

Durante una entrevista radio-televisada por las cadenas BFMTV y RMC, el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció ayer que otros 100.000 pensionistas se verán exonerados de la subida de la Contribución Social Generalizada (CSG), una medida establecida por el Gobierno, siguiendo el programa de Emmanuel Macron, para financiar una rebaja de las cotizaciones salariales.

Al valorar las movilizaciones del jueves, Philippe se esforzó en destacar el mensaje de que los jubilados «no son ni privilegiados ni egoístas». Además, comentó que la elevación en 1,7 puntos del tipo de la CSG no afecta solo a los pensionistas, sino a «siete millones y medios de franceses». La subida afecta al 60% del colectivo de jubilados, aquellos cuya pensión supera los 1.283 euros netos mensuales.

El primer ministro también indicó que a partir del 1 de abril se incrementará en 30 euros el «mínimo de vejez», un subsidio para mayores de 65 años con bajos ingresos, que garantiza una retribución de 803,20 euros al mes para una persona sola y de 1.296,97 euros para una pareja.

En Madrid, ayer fue el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, el encargado de anunciar que el Gobierno quiere ahora eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros, lo que, según dijo, les permitirá ganar poder adquisitivo «por la vía de no pagar este impuesto». No aclaró a cuánta gente afectaría la medida.

Actualmente, el mínimo exento del IRPF está situado en 12.000 euros anuales. Quienes cobren menos de esa cantidad, sean o no pensionistas, no están obligados a pagar el impuesto.

«Mariano Rajoy ha eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales). Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto», explicó Maroto en declaraciones a TVE.

Añadió que las pensiones no pueden ser «nicho electoral ni arma arrojadiza de nadie» y que los pensionistas deben ser objeto de «respeto». GARA