El año pasado la oficina del Ararteko de la CAV, Manu Lezeartua, atendió 13.437 actuaciones, un 22% más que en 2016. 9.545 correspondieron a quejas y consultas, y 37 a expedientes de oficio. Por temas, se produjo un aumento en el número de reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 829 frente a las 790 del curso anterior.

Según informó el propio Lezeartua tras entregar ayer su informe anual a la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejeria, el 97% de las quejas asociadas a los mecanismos de inclusión social estaban relacionadas con el funcionamiento de Lanbide y con la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

En el informe se detalla que, «aunque el sistema vasco de protección social ha permitido mantener vigentes los principios del Estado social y de Derecho, la lucha contra la desigualdad sigue siendo una prioridad por los riesgos que implica para el crecimiento económico el aumento de la brecha social». En opinión del Ararteko, «el apoyo al sistema de garantía de ingresos y su legitimación debe estar en la agenda pública por el impacto que tienen en el bienestar social».