GARA
EIBAR

Las plantillas de Alfa, Edesa y Geyser unen sus pasos en defensa de 300 empleos

Sendos ERE de extinción de empleo están a punto de dar por cerradas las factorías Alfa Precision Casting, por un lado, y de Edesa y Geyser, por otro. Trabajadores de las tres empresas se movilizaron ayer unidos.

Cientos de personas tomaron parte ayer en la manifestación que partió a las 18.30 de la plaza Untzaga para recorrer el centro y que colapsó el tráfico en las entradas de la localidad. La plantilla de Alfa Precision Casting lleva ya más de cien días en huelga, realizando constantes movilizaciones, tanto en la calle como en el estadio de Ipurua o desplazándose hasta Donostia y Gasteiz para reclamar la implicación de las instituciones.

La de ayer fue una ocasión especial porque junto a las trabajadoras y trabajadores de Alfa se colocaron los de Edesa y Geyser, otras dos firmas emblemáticas –herederas de la antigua Fagor Electrodomésticos– cuyas instalaciones industriales, ubicadas en Arrasate y Basauri, también están a punto de echar la persiana. En conjunto, son más de 300 empleos los que se pueden perder si se consuman los respectivos ERE de extinción.

En el caso de Alfa, el periodo de consultas del ERE de extinción de 131 puestos de trabajo finalizó el pasado martes. En un escrito difundido la pasada semana, el comité de empresa del Grupo Alfa, que criticó expresamente la actitud mantenida por el Ayuntamiento de Eibar y por el Gobierno de Lakua, recordó cuál es la situación del empleo en la villa armera. «Nos encontramos ante la tasa más alta de paro en la comarca del Bajo Deba y con una de las más altas de toda Gipuzkoa, una tasa del 14,6% en diciembre de 2017. Casi cinco puntos por encima de la media de Gipuzkoa», subrayó.

Y a continuación lanzaba estas preguntas: «¿Qué soluciones propone el Gobierno Vasco? ¿Una mayor destrucción de empleo? ¿Es éste el famoso modelo Industria 4.0?

En una situación similar se encuentran los 160 empleados de Edesa y Geyser, ya que el periodo de consultas del ERE de extinción se consumó el 28 de febrero. La plantilla ha acusado a CNA, la empresa propietaria, de impedir que otras empresas interesadas, a través de una puja pública, pudieran mantener la actividad productiva con nuevos proyectos que garantizaran los puestos de trabajo.