Las formaciones del cuatripartito hicieron públicas ayer sus propuestas de conclusiones sobre la planta de biogás. Los cuatro están de acuerdo en elevar todas las averiguaciones al juzgado para que se incorporen a las diligencias previas 318/2017, al entender que el exalcalde Patxi Pérez (hoy miembro de la Ejecutiva de UPN y en la legislatura pasada, hombre fuerte de Javier Esparza en el Departamento de Desarrollo Rural) ha cometido un «delito continuado de prevaricación».

El informe de conclusiones es extensísimo (157 páginas) de carácter muy técnico y con un elevado nivel de detalle. Una primera parte repasa de forma cronológica todas las irregularidades advertidas por los comisionados y las últimas 20 exponen las 92 conclusiones. Además de al juzgado, el resultado de este informe se trasladará a Comptos, al Tribunal de Cuentas (que lleva una investigación paralela) y al Gobierno navarro.

Las conclusiones que rubrican las cuatro fuerzas sostienen que todo fue irregular desde su misma concepción. Así, ya en 2006 el adjudicatario de las obras Jiri Vedzicej (responsable de Levenger) se reunió con ganaderos para hablar de qué hacer con los purines. Y ya desde el primer momento toma relevancia el papel del exalcalde Pérez, que habría ficcionado una mancomunidad con otros ayuntamientos para aumentar el techo de gasto subvencionable por parte de Desarrollo Rural hasta el millón de euros (como se recoge en un fax de 2007).

Las conclusiones, que habida cuenta de la aritmética parlamentaria serán las que se acabarán aprobando el martes, dicen textualmente que la comisión «no alberga ninguna duda de que tanto el proyecto de la planta de biogás fueron adjudicados por el Sr. Pérez Arregui directamente y sin ningún tipo de procedimiento administrativo» a Aierdi Ingenieros.

También sostienen que Levenger colaboró con Aierdi en la elaboración del contrato de concesión y de las obras. En concreto, uno de sus anejos fue redactado por un empleado de Vedzicej: Joseba Sagastibeltza. Esto es una «irregularidad muy grave» para los comisionados en tanto que una empresa no puede participar en la elaboración de un contrato para luego optar a él.

Los partidos también consideran probado que el secretario Alfonso Araújo realizó tres procedimientos de contratación para dar cobertura legal a las adjudicaciones directas de Pérez el año anterior. En consecuencia, los parlamentarios concluyen que la exsecretaria Irene Tortajada mintió cuando aseguró haber llevado a cabo procedimientos de adjudicación de los que no consta un solo documento (ni siquiera la resolución de alcaldía que, necesariamente, Pérez tuvo que rubricar y que se documentan en un libro específico y seriado que se guarda en el archivo municipal). Las únicas resoluciones que sí constan al respecto son las que llevan los números 74, 75 y 76, todas del 24 de abril de 2008 y firmadas por Pérez, para adjudicar unas obras que realizadas un año antes.

Es por eso por lo que la Conclusión número 21 dice que la Comisión «considera que esta conducta del Sr. Pérez Arregui pudiera haber constituido un delito de prevaricación». Asimismo, se considera irregular la certificación del secretario Araújo diciendo que la contratación de Aierdi Ingenieros se realizó «de acuerdo a la norma».

Pero es más, el documento sostiene que Pérez no actuó solo y amplía la responsabilidad a otros concejales de la agrupación Ultzama al proceder de forma anómala a la municipalización de la planta para conseguir así ayudas públicas. La votación sujeta a reproche es la del 8 de octubre de 2008.

Por otro lado, el documento también censura que Pérez como presidente de la Mesa por permitir a Levenger ser licitante pese a haber tomado parte en el procedimiento y no cumplir con el umbral de solvencia.

Facturas y subcontratas

Las irregularidades no terminaron ahí, sino que parte de las obras se subcontrataron «existiendo importantes lazos familiares» con cargos públicos. Concretamente, los partidos aluden a las obras realizadas por Construcciones Tornaría, pariente de Patxi Tornaría, concejal y miembro de Bioenergía.

Ya con respecto al hecho que desató la comisión (el sistema de facturación cruzada para cobrar más subvenciones detectado por Comptos), las cuatro fuerzas concluyen que «existía una planificación previa» entre Alcaldía, Levenger y quienes constituyeron Bioenergía para crear un «entramado» que tenía como fin «obtener una sobrefinanciación para el proyecto». A fin de aclarar la compleja ficción financiera, se incluye un gráfico más completo que el que elaboró Comptos y en el que se genera una estructura circular. Finalmente, se concluye que «empresas distintas facturaron y cobraron doblemente por el mismo concepto».

Pérez también fue el que pidió la subvenciones conseguidas a través de esta «maquinación fraudulenta», según este documento, que califica de «reprobable y totalmente irregular» la presentación de la solicitud de ayudas al Departamento de Empresa que realizó el 26 de septiembre de 2008, siendo alcalde, para una «sociedad en constitución». Y enmarca todo ello en un posible «fraude de subvenciones».

En cuanto a otros responsables políticos, la propuesta de conclusiones señala a Tornaría y a los ediles Agustín Ancizu y Francisco Iribarren por no haberse abstenido en decisiones que tomó el Ayuntamiento y que les incumbían.

En cuanto al cierre de la planta, concluyen que los técnicos declaran que la instalación estaba en situación «deplorable» tras apenas cuatro años funcionando y que volverla a poner en condiciones costaría cerca de un millón de euros. Y, en último término, ponen en tela de juicio el único escenario de rentabilidad barajado para continuar con la actividad en la planta, pues obviaba gastos clave.

UPN dice no haber visto ninguna ilegalidad y ataca a Comptos

UPN cruzó ayer definitivamente el Rubicón entrando a desacreditar las conclusiones del ente fiscalizador de las cuentas de Nafarroa, la Cámara de Comptos. Asegura que la comisión de investigación ha desmentido su informe y achaca a la presidenta una falta de colaboración por no entregar los papeles de trabajo que se le solicitaron. Sergio Sayas niega que se hubiera facturado y pagado dos veces por el mismo concepto, tal y como aprecia ya no solo Comptos, sino los dos departamentos afectados: Desarrollo Rural y Desarrollo Económico. Asimismo, da por buenas las explicaciones de ambos secretarios sobre cómo se elaboró el proceso de adjudicación, pese a resultar estas incompatibles. Sayas aseguró que la comisión de investigación no ha sido capaz de averiguar por qué los documentos que necesariamente generó ese proceso de adjudicación no obran en ninguna parte, cuando debieran haber dejado rastro tanto en el Ayuntamiento como en el portal de contratación del Gobierno de Nafarroa. La única explicación que dio el otro comisionado, Juan Luis Sánchez de Muniáin, es que todo está «viciado» por EH Bildu.