No se esperaban sorpresas y no las hubo. A primera hora de la mañana de ayer la Fiscalía General de Schleswig Holstein pidió a la Audiencia Territorial tramitar la extradición al Estado español de Carles Puigdemont por sendos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Una decisión que la defensa del president ya esperaba, confiando en que una vez entrado en materia el tribunal «tumbe» esta vía y rechace la extradición.

El Ministerio Público solicitó también que permanezca encarcelado, al considerar que existe «riesgo de fuga». A este respecto, Jens Bahr, portavoz de la Audiencia, señaló que la decisión sobre la permanencia en prisión provisional de Puigdemont puede adoptarse relativamente pronto, en unos dos o tres días.

Por contra, Bahr declinó aventuar plazos, siquiera orientativos, sobre la resolución definitiva del proceso de extradición. La decisión corresponde a Sala Primera de lo Penal de la Audiencia de Schleswig-Holstein, formada por tres jueces.

En su argumentación para tramitar la euroorden, la Fiscalía sostiene que el delito de rebelión que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente a los artículos 81 y 82 del Código Penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición. «No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles», considera al respecto.

En este ámbito, la Fiscalía compra la versión española sobre lo acontecido en torno al 1 de octubre, y arguye que «a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre», «se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum». «Sin embargo, el gobierno autónomo de Cataluña –incluido el perseguido como su presidente– decidió permitir el referéndum, y comprometió a las fuerzas de la policía autónoma a garantizar que los partidarios del proceso de secesión puedieran participar en la votación», apostilla su escrito. Lo cierto es que en aquella jornada la única violencia visible, y que causó un gran rechazo internacional, fue la que ejercieron las fuerzas policiales desplegadas ad hoc para evitar la votación.

Serias dudas entre los juristas

Precisamente, sobre este asunto, más allá de lo expuesto por la Fiscalía, fuentes académicas alemanas consultadas por la agencia Efe, que sí ven clara la equivalencia entre ambas legislaciones en el delito de malversación, mostraron serias dudas sobre la equiparación entre el delito de «rebelión» español y el de «alta traición» de la ley germana. Así, en opinión del profesor de Derecho Penal, Procesal y Europeo Martin Heger, de la Universidad Humboldt de Berlín, habría que examinar sobre todo si se puede considerar que el procés ha estado acompañado de violencia, y de que de ella pueda ser responsabilizado el president. Según el Código Penal alemán, comete alta traición quien «con violencia o amenaza de violencia» atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional.

Heger recordó que las últimas acusaciones por alta traición se produjeron en los años 50 contra representantes del ilegalizado Partido Comunista Alemán (DKP) por un llamamiento a «derrocar revolucionariamente el régimen de Adenauer». «Los jueces que tienen que decidir ahora no habían nacido en esa época y pueden partir de consideraciones completamente distintas. En esa época, en plena guerra fría y el conflicto entre los dos estados alemanes, había otra sensibilidad», apuntó.

Más contundente fue el penalista Nikolaos Gazeas, de la Universidad de Colonia, a quien le sorprendió que la Fiscalía incluyera también el cargo de rebelión en su petición de extradición. «No estoy seguro de que el tribunal asuma la misma posición», apuntó en declaraciones a la agencia española. Según Gazeas, la Fiscalía repite la argumentación de la orden de europea de detención y entrega cursada por el Estado español lo que, a su juicio, no es suficiente para considerar tipificado un delito equivalente al de alta traición. «Creo que no es suficiente y que no cumple con las exigencias del derecho alemán para considerar que ha habido violencia, lo que es clave en la definición del delito de alta traición», insistió, para recordar que «se necesita que haya habido, al menos, incitación a la violencia, no sólo que se esperara que la hubiera si se realizaba el referendo». Su «pronóstico, con cautela», es que probablemente se concederá la extradición del líder catalán, pero sólo por el delito de malversación de fondos.

«El artículo 81 del Código Penal –que tipifica la alta traición– no se ha aplicado en Alemania desde hace una eternidad y con buenas razones», concluyó.

«Está preparado»

El equipo de abogados de Puigdemont no tiene previsto viajar en los próximos días a Alemania, según indicó a primera hora el letrado Jaume Alonso-Cuevillas. Una vez conocida la decisión de la Fiscalía, insistió en que «entraba dentro de la lógica, lo que hubiera sido excepcional era lo contrario». «Ahora la decisión depende del tribunal alemán», añadió. Sobre la petición de que su cliente siga preso «por riesgo de fuga», indicó que «se verá si se pueden proponer alternativas que mitiguen este riesgo de huida».

Asimismo, preguntado por el estado de ánimo de Puigdemont, declaró que está muy bien y que tiene claro que no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan. «Tiene claro que es un preso político, que el Estado español intentará hacerle pagar por todo y está preparado para ello», enfatizó el letrado.

 

La Mesa aprueba la delegación del voto

La Mesa del Parlament aceptó ayer la delegación de voto de Puigdemont. JxCat y ERC, que tienen mayoría, creen que se dan las condiciones para que el president pueda delegar su voto, al encontrarse detenido, una situación que se asimilaría a la de otros dirigentes en prisión preventiva a los que se les ha permitido. Sin embargo, el PSC recurrió la decisión, y será el presidente de la Cámara, Roger Torrent, quien decida.

Los letrados del Parlament advirtieron de forma verbal de que esta decisión podría plantear problemas respecto a las medidas cautelares del TC, que no permitieron una investidura a distancia de Puigdemont, pero los grupos mayoritarios creen que aquel auto se dictó para una situación distinta a la actual, en la que el mandatario catalán se encontraba en Bélgica y no estaba detenido en Alemania, como se encuentra en estos momentos.GARA

 

Querella contra varios ediles y el jefe de la Policía Local de Pineda

Un juzgado de Arenys de Mar ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar, miembros del PSC, contra una edil de ERC y contra el jefe de la Policía Local de esa localidad barcelonesa, a quienes se acusa de «coaccionar» a los responsables de hoteles que alojaban a policías españoles desplazados a Catalunya por el 1-O, para que los expulsaran.

Según informaron ayer fuentes del Ministerio Público, el titular del juzgado ha acordado tramitar la querella interpuesta por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona contra los concejales, a los que acusa de presionar a una cadena hotelera para que expulsaran a los policías, amenazándoles con cerrar sus establecimientos durante cinco años.

En Pineda, 500 policías españoles se alojaron en dos hoteles de la cadena Checkin desde finales de setiembre, pero abandonaron ambos establecimientos el 3 de octubre, después de las concentraciones que se organizaron en protesta por la actuación de ese cuerpo policial para intentar impedir el referéndum del 1-O. Ahora la Fiscalía se ha querellado contra los cuatro regidores y el mando policial.

También en la diana de la Fiscalía se encuentran los Comitès de Defensa de la República (CDR), a los que ayer se refirió el propio Mariano Rajoy, que a preguntas de la prensa calificó su forma de actuar como «violenta e intimidatoria», y dijo que su Gabinete «está determinado a combatir estas conductas con todos los medios policiales y judiciales a su alcance».

Por contra, Alberto Garzón, en una entrevista en RNE, valoró que «los CDR son expresión de un sentimiento que existe en Cataluña de dos millones de personas que son independentistas y que están haciendo una protesta política que toma diferentes formas». «No todos los CDR actúan de la misma manera –añadió el líder de IU– pero entra dentro de la protesta política y podría entrar dentro del concepto jurídico de desobediencia civil». A su juicio, interpretar que este tipo de actos es violencia supone «criminalizar» la protesta política y es peligroso, porque supondría una «interpretación autoritaria» que afectaría a cualquier otra forma de manifestación, como un desahucio o un piquete de huelga.

Sobre este tema, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, consideró en Antena 3 que «hay que mirar la causa de las protestas, que hasta ahora han sido pacíficas», y evitar crear «alarma social con algo que hasta ahora no ha sucedido». «Ha habido algún incidente aislado, como ha pasado en muchas otras protestas, pero no es verdad que haya violencia», insistió.GARA