El director Ales Payá presentó este miércoles el documental “La cifra negra” en Euskal Herria. Lo hizo en M3moriagunea de Gasteiz, a pocos metros de la iglesia de San Francisco. Un lugar marcado a sangre y fuego por la intervención de la Policía Armada española, que el 3 de marzo de 1976 abatió a cinco trabajadores que participaban en una asamblea. Los responsables de aquellos crímenes no fueron juzgados, gozaron de la impunidad brindada por el Estado, igual que muchos de los policías y guardias civiles que aparecen en un largometraje que pone sobre la mesa una realidad silenciada por el poder: la violencia institucional.

La cinta arranca con la agresión de unos agentes a un inmigrante en un vehículo policial y continúa describiendo las palizas recibidas por ciudadanos de Catalunya y Euskal Herria. Recoge los testimonios de Unai Romano y Martxelo Otamendi, víctimas de tortura durante el periodo de incomunicación, y cuenta con la colaboración de la sicóloga Oihana Barrios y del forense Paco Etxeberria, quien realiza una cruda reflexión: «La tortura es el delito mejor escondido». No en vano es ejecutado por personas que trabajan a las ordenes de una Administración que niega la existencia de malos tratos en cárceles y comisarías.

Basta con recordar las declaraciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que la pasada legislatura reconoció que apenas el 0,86% de policías o guardias civiles denunciados por vejar a detenidos fueron finalmente condenados entre 2008 y 2012. «Las denuncias se investigan», apuntó sin reparar en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado en ocho ocasiones al Estado español por no investigar las denuncias de torturas. Y hace apenas dos meses Estrasburgo confirmó el maltrato a Igor Portu y Mattin Sarasola. El primero fue ingresado en la UCI del Hospital Donostia tras ser detenido por la Guardia Civil. Presentaba un pulmón perforado, una costilla rota, hemorragia en un ojo y hematomas por todo el cuerpo.

Las palabras de Fernández Díaz están incluidas en el documental, en el que se advierte de que muchos de los agentes condenados por malos tratos y torturas o bien continúan a la espera de que se ejecute el castigo impuesto por los tribunales, o han sido indultados por el Gobierno español. Este es el caso, por ejemplo, del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Ángel Sánchez Corbi, condenado junto a otros dos guardias civiles en 1997 a cuatro años de prisión por torturar a Kepa Urra e indultado por la ministra Margarita Mariscal de Gante dos años después.

Pelotas de goma

El documental también muestra la indefensión de las víctimas de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en diversas protestas ciudadanas, y pone el foco en las lesiones producidas por las pelotas de goma. Da voz a los padres de Iñigo Cabacas, que falleció en abril de 2012 tras recibir un pelotazo disparado por agentes de la Ertzaintza después del partido que enfrentó al Athletic contra el Schalke 04. Josefina y Manuel siguen esperando que se haga justicia seis años después. Otros casos, como el de Ester Quintana, que perdió un ojo en una carga de los Mossos d'Esquadra en la huelga general de noviembre de 2012, se han resuelto a favor de los victimarios.

Los magistrados entrevistados en el documental, entre los que figura la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, explican las dificultades a las que se enfrentan los jueces a la hora de enjuiciar estos casos, en los que la Fiscalía no suele tener una postura muy proactiva. Un problema que se suma a las trabas impuestas por los cuerpos policiales a la hora de identificar a los agentes implicados en las agresiones. En muchas ocasiones los procedimientos judiciales se cierran ante la imposibilidad de identificar al escopetero que apretó el gatillo. Como se ve en el largometraje, en la mayoría de los casos se repite el mismo patrón: agresión, denuncia y archivo de la causa. El patrón de la impunidad.