La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa explicó ayer que la Diputación desea cerrar «cuanto antes» algún contacto o reunión con la Comisión Europea, tras la sentencia del TSJPV contraria a los peajes para camiones en la N-1 y la A-15, en la que podrá aportar ya datos concretos sobre el uso del sistema. Aintzane Oiarbide hizo este anuncio en la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales, en la que compareció acompañada por el catedrático Juanjo Álvarez, uno de los firmantes del informe jurídico encargado en su día por la Diputación, y por Juan Ramón Ciprián, responsable de los servicios jurídicos de la institución foral, tal como recogió la agencia Efe.

La diputada señaló el martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que «no hay marcha atrás en la implantación del peaje para camiones» y que, de hecho, «no contemplan otro escenario» pese a la sentencia en contra dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ayer se reafirmó en esa postura al confiar en el «recorrido» que tendrá el recurso de casación y afirmar que «de un modo u otro este peaje seguirá adelante».

Aval jurídico

Aunque todos los grupos de la oposición le preguntaron qué ocurrirá si se cumple el peor de los pronósticos, la diputada insistió en su convencimiento de que «las cosas se han hecho bien» y que el sistema implantado, con el «aval» jurídico de la Comisión Europea, «no incurre en ninguna discriminación» entre transportistas.

«Lo vamos a defender. Hay razones y posibilidades de que tenga recorrido», subrayó Oiarbide, quien indicó que los datos reales que pueden aportar a la Comisión Europea avalarían la iniciativa foral.

En cuanto a seguir cobrando los peajes a los vehículos pesados que transitan por la N-1 y la A-15, recordó que la sentencia del TSJPV «no es firme» y se mantuvo en que «no tiene sentido hacer otra cosa».

Los tramos conflictivos

Juanjo Álvarez puntualizó que la sentencia en cuestión «no tumba» el sistema de peajes y tampoco entiende que éste sea contrario al derecho europeo. Juan Ramón Ciprián, por su parte, argumentó que en este caso se dan los requisitos formales para que el recurso de casación sea viable ante el Tribunal Supremo español.

Respecto a la existencia de tamos en la N-1 –en concreto, entre Lasarte y Andoain, y entre Andoain e Idiazabal– que quedan libres de pago, Ciprián señaló que los motivos que justifican esta decisión se explican en el informe que fue remitido a la Comisión Europea para que elaborara su dictamen.

Añadió que el primero de estos tramos no es utilizado habitualmente por el tráfico pesado –lo cual no es cierto–, ya que supone un recorrido más largo que el de la A-15 y tiene limitaciones de velocidad que lo hacen menos competitivo.

En cuanto al que discurre entre Andoain e Idiazabal, resaltó que tiene 32,6 kilómetros en los que hay 18 entradas y salidas de carreteras, lo que implicaría, en el caso de implementar un sistema de peajes, la colocación de «múltiples pórticos» con los costes que eso generaría. Además, este tramo de la N-1 sirve como variante para diez localidades, puntualizó.