El nuevo ente fiscalizador navarro, complementario a Comptos y al Defensor Navarro, denominado Oficina Anticorrupción ya está prácticamente listo. La votación ayer del dictamen trabajado en la ponencia hizo retratarse a UPN y PP, los dos únicos partidos reacios a la creación del organismo. Pese a la mayoría amplia con la que nace el organismo, finalmente quedará un debate más antes de ir a pleno, ya que a última hora salieron adelante unas enmiendas para armonizar el articulado de la institución con las líneas básicas nueva Ley de Transparencia en materia de lobbies, cuyo dictamen se votará hoy en la Comisión de Presidencia.

La Oficina, que se encargará de gestionar el Registro de Actividades e Intereses de altos cargos y electos públicos (también de las Entidades Locales, previo convenio), deberá abordar en el plazo de un año la creación de un nuevo Código Ético y de Conducta que regirá el comportamiento de los miembros del Gobierno, altos cargos, personal eventual, directivos del sector público y electos.

Entre las funciones de prevención de la Oficina se encuentran también el impulso de una guía de buenas prácticas y la realización de tareas de asesoramiento, elaboración de informes y formulación de propuestas, incluidas modificaciones normativas, con el ánimo de evitar actuaciones arbitrarias de los funcionarios. Todo ello ligado al cambio metodológico que conlleva la nueva Ley de Contratos –mediante la cual Nafarroa dejará de adjudicar al mejor postor para valorar cuestiones sociales–. Esta nueva norma ya define a la Oficina como uno de los árbitros que velarán para evitar clientelismos y malas prácticas.

La Oficina tiene, además, competencias de investigación y podrá ocuparse de indagar en torno a cualquier conducta irregular que pueda ocasionar conflictos de interés o aprovechamiento particular. En este sentido, la Oficina podrá llegar a revisar empresas que no son públicas y a las que Comptos no llega debido a su relación con el Tribunal de Cuentas español.

Sergio Sayas, por UPN, justificó su voto negativo a la alta cuantía de las sanciones. Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) respondió que las sanciones duras (hasta 60.000 euros), solo son para irregularidades de extrema gravedad y reprochó a UPN haber dado el visto bueno a la Ley Mordaza, que prevé sanciones diez veces mayores por asuntos menos graves.

La Oficina contará con un director y se acompañará de varios funcionarios inspectores y al menos un formador en los nuevos códigos de conducta.