El fiscal José Perals ha mantenido las acusaciones de «terrorismo» y las penas de siete años de prisión para los tres jóvenes de Errenteria y uno de Beasain que han sido juzgados en la Audiencia Nacional española por los incidentes registrados en Iruñea en marzo de 2017.

Perals ha mantenido la misma tesis y argumentación que empleó en el juicio contra los jóvenes de Altsasu: a pesar de que no haya una organización armada activa, «el terrorismo» continúa porque responde a las estrategias marcadas para conseguir unos objetivos políticos. «Las organizaciones desaparecen pero las ideas y la forma de actuar permanecen», señaló.

A diferencia del caso de Altsasu, en el que el fiscal atribuía a Ospa el papel de organización que marcaba la estrategia diseñada años atrás por ETA, en el juicio que ayer quedó visto para sentencia no llegó a calificar como tal a «la izquierda abertzale radical que es contraria al cese de la violencia de ETA».

La legislación española exige que para que una acción sea considerada «terrorista» debe realizarse «bajo la organización o el amparo de un grupo terrorista». En este caso, no hay tal grupo, pero Perals sí que considera que hay «terrorismo».

Perals enmarcó lo sucedido en Iruñea en «la estrategia del denominado frente de masas, en sus diferentes grupos satélites y en la kale borroka». Según el fiscal, «es cierto que todo ha cambiado en ETA [tras el cese de su actividad armada y su posterior disolución], el ideario y los métodos de lucha permanecen aunque sea de manera más aislada por unos grupúsculos».

«El frente armado es cierto que ha dejado de matarnos, que no es poco, pero sigue existiendo parte de ese entramado que se resiste a desaparecer y que persiste en la idea de seguir imponiendo su ley mediante la violencia y causando el terror», añadió el fiscal.

Defensas piden la absolución

Las defensas de los acusados, los letrados Iñigo Iruin y Aiert Larrarte, reclamaron la absolución de sus patrocinados.

Iruin rechazó que estos hechos puedan ser considerados como «terrorismo» porque la acusación no ha podido probar el «pretendido amparo» de ninguna organización y destacó que los jóvenes juzgados no tuvieron «finalidad de alterar gravemente la paz pública ni de crear terror».

«Radicalismo no es lo mismo que terrorismo. No se pueden deslizar las líneas interpretativas hasta llegar a introducir el concepto de lo terrorista en espacios propios de la protesta, la disidencia o la radicalidad política y social, incluso aunque en ellas se dé algún grado de violencia», destacó el letrado donostiarra.

Larrarte reclamó de manera alternativa a la absolución un año de prisión por desórdenes públicos (no «terroristas» como sostiene el fiscal), destacando que no ha quedado acreditado que su patrocinado tuviera un acuerdo con los organizadores para acudir a la manifestación de Iruñea y que si lanzó una piedra lo hizo de manera aislada.