2018/06/13

Enésima irrupción policial en sedes catalanas con el 1-O como excusa

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ordenó ayer el registro de varias dependencias de la Generalitat, así como de un inmueble de la empresa Mediapro, dentro de la investigación que mantiene abierta tras el exitoso referéndum del 1-O. El Govern criticó la operación y la judicialización de «los anhelos de la ciudadanía de Catalunya».

GARA|BARCELONA
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El Gobierno español ha cambiado, pero la estrategia del Estado respecto a Catalunya se mantiene invariable. Así se desprende de la enésima operación policial desarrollada en torno al referéndum del 1 de octubre. Desde primera hora de la mañana, la Policía registró dependencias de la Generalitat y un inmueble vinculado a la empresa audiovisual Mediapro, en el marco de una investigación sobre el censo y las infraestructuras utilizadas el 1-O. Las sedes afectadas fueron el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la Consejería de Economía del Govern, dos de los organismos sobre los que se han centrado las investigaciones.

Fuentes de la Consejería de Economía confirmaron que los policías estuvieron registrando el ordenador del jefe del gabinete técnico, Daniel Gimeno, hasta bien entrada la tarde. El allanamiento policial de estas instalaciones no es nuevo, pues la Guardia Civil ya las registró, también por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, el pasado 20 de septiembre.

Gimeno es una de las 32 personas incluidas en un informe del instituto militar por ser consideradas de «interés para la investigación» sobre el procés, que fue remitido al juzgado de instrucción, y ayer fue detenido junto a Frederic Udina Abelló, director del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat).

Desde Europa Press señalaron que esta operación sería consecuencia de la que se practicó el 5 de diciembre en el Idescat. Según la Policía, ese organismo contribuyó en la cesión al Govern de los ficheros del Registro de Población de Catalunya para hacer el «censo global» de votantes del referendo, en una entrega que se habría hecho a Gimeno «sin que estuviera amparada por ningún marco legal».

La advertencia de Roures

Por su parte, Mediapro indicó en un comunicado que el registro afectó únicamente a un servidor de Mediacloud, sin hallar «información relevante para la investigación y sin llevarse ningún tipo de material». Mediacloud es una filial que se dedica a la prestación de servicios de hosting informático (alquiler de espacio en la nube) a empresas, entidades e instituciones, entre ellas, la Administració Oberta de Catalunya. En cualquier caso, Mediapro hace tiempo que se halla en la diana: en febrero, la Guardia Civil entregó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un escrito donde se apuntaba a la empresa y a su fundador, Jaume Roures, por el papel que a su juicio habría desempeñado en la estrategia independentista.

En una entrevista concedida a GARA en abril, el propio Roures manifestó que «estamos en un proceso en el que la derecha española, que no es solo el PP, quiere recuperar el protagonismo y recortar libertades», y ya advirtió de que «cuando se constituya un Govern y se derogue el 155, el control y la intimidación por parte del Gobierno de Madrid va a continuar».

Ayer, la portavoz y consellera de Presidencia del nuevo Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, valoró que la operación pretendía «tapar» la sentencia del «caso Noós». «Empieza a parecer ya una broma hacer coincidir registros cuando hay decisiones que tapar, como una sentencia contra la monarquía española», criticó.

El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, censuró la «judicialización» del derecho democrático de la gente a votar. «Esperamos que esta pesadilla de judicializar los anhelos políticos de la ciudadanía de Catalunya termine lo más pronto posible», declaró al respecto.

 

El Govern paraliza la liquidación de Diplocat y activa su patronato

El Govern acordó ayer paralizar el proceso de liquidación de Diplocat, organismo de diplomacia pública que fue cerrado durante la aplicación del artículo 155, y anunció la reactivación de su patronato para que tome una decisión sobre el futuro del ente.

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, explicó que se ha decidido «detener el mandato de liquidación» ordenado por el Gobierno de Rajoy, «dejar sin efecto el órgano liquidador» del organismo y «constatar que este proceso de liquidación no finalizó», por lo que sus estructuras de gobierno «siguen activas». También indicó que la Generalitat se personará en el proceso judicial abierto a raíz del intento de «disolución ilegal» impulsado por Madrid, y será el patronato quien decidirá cómo «volver a poner en pleno funcionamiento» ese organismo y «qué rol se le da».GARA

DENUNCIA SINDICAL


La Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado, reunida en Bastia, ha denunciado «la actitud autoritaria y represiva de España» y la «involución» en materia de «derechos civiles y políticos», según informó ayer LAB.