Agustín GOIKOETXEA

UN LIBRO AVALA QUE EL DERECHO SE QUEDA A LAS PUERTAS DE LA CÁRCEL

«La política penitenciaria no puede desconocer los derechos de las personas privadas de libertad», sostiene el catedrático de la UPV-EHU Iñaki Lasagabaster, en un libro en el que aborda la cuestión de los presos enfermos, la acumulación de penas y el alejamiento.

En pleno debate social y político sobre los derechos que asisten a las y los presos vascos, Iñaki Lasagabaster Herrarte publica una monografía bajo el título ‘‘Cárceles y derechos. Enfermedad, acumulación de condenas y alejamiento’’. El catedrático de Derecho Administrativo de la UPV-EHU se adentra desde el ámbito académico en una realidad que apuesta por cambiar desde su implicación en la red ciudadana Sare. No tiene duda de que los derechos se quedan a las puertas de las prisiones. «La actuación de los poderes públicos es ilegal y sin base jurídica», denuncia.

Defiende que la política carcelaria vigente no respete ni el principio de legalidad ni los derechos fundamentales. Cita la instrucción de Instituciones Penitenciarias que persigue que las personas presas gravemente enfermas permanezcan el menor tiempo posible en libertad. «Un preso tiene derecho a la vida, no para que viva lo menos posible, sino para que viva más», enfatiza. Para la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, «no se puede cercenar más derechos de las personas presas al margen de la privación de libertad. Los presos –insiste– no dejan fuera de prisión los derechos que les asisten». Biurrun agradece el trabajo que realizan quienes luchan por los derechos humanos y confiesa que «sufre» por compañeros como Ramón Sáez Valcárcel y José Ricardo de Prada que, en repetidos votos particulares en sentencias de la Audiencia Nacional española, los defienden y cuestionan las directrices gubernamentales.

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu, que desvela cómo cerca de 500 personas fallecen anualmente en prisiones españolas por cáncer o sida, rememora que un alto cargo gubernamental justificó esa práctica por presiones. «Más allá del principio de legalidad, se debe aplicar el de humanidad», defiende.

Lasagabaster se fija en el alejamiento y subraya que no tiene base legal. «Por qué si hay sitio en la cárcel de Zaballa, los presos vascos tienen que estar en Cádiz», interpela. Muchas de esas directrices, apunta el diputado del PNV Mikel Legarda, tienen que ver con que solo en el Estado español y en Hungría las competencias penitenciarias recaen en los ministerios de Interior. Biurrun se pregunta por qué, ahora con el último cambio de gobierno, Pedro Sánchez no lo ha cambiado.

Otro ejemplo de vulneración de derechos es la acumulación de penas, donde Audiencia Nacional y Tribunal Supremo para no aplicar la norma marco europea decidieron no consultar al Tribunal de Luxemburgo. «Ángel Yuste, anterior responsable de Instituciones Penitenciarias, llegó a decirme que sus decisiones estaban avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), le reté y no me respondió», rememora Iñarritu. Legarda recuerda que la orientación actual que siguen los tribunales emana de un cambio legislativo impulsado por el PP aunque, como precisa Biurrun, buena parte del andamiaje normativo se construyó por impulso del PSOE. La magistrada incide en la premura con la que en 2014 se afrontó el cambio legislativo para «vaciar de contenido la norma marco europea de 2008». Lasagabaster no tiene duda de que, como con otras políticas de excepción, el Estado español será condenado por no respetar los derechos básicos reconocidos por el Convenio Europeo. «Los tribunales deben ser los garantes de estos derechos, función que no cumplen», sostiene tras analizar sentencias destacadas dictadas. Las normas internacionales y la jurisprudencia del TEDH avalan un cambio.

Aunque con cierta cautela, Iñarritu entiende que hay un escenario propicio para que puedan ir desatándose nudos relacionados con la vulneración de derechos que padecen los presos vascos, partiendo de que nadie cree que las leyes de excepción vayan a ser derogadas. Legarda es pesimista, partiendo de la constatación de que la evolución legislativa se fundamenta en la sanción de supuestos riesgos y no hechos.

DECLARACIONES: EN UNA CONCURRIDA PRESENTACIÓN


«La política penitenciaria no cumple el principio de legalidad ni respeta los derechos humanos»

IÑAKI LASAGABASTER

Catedrático de Derecho Administrativo

«No se pueden cercenar más derechos a las personas presas al margen de la privación de libertad»

GARBIÑE BIURRUN

Magistrada del TSJPV

«Soy pesimista en lo que se refiere a que haya una reversión en la legislación. Ni me lo planteo»

MIKEL LEGARDA

Diputado de PNV

«Estamos en un escenario en el que las cosas pueden cambiar y la cuestión de los presos ir resolviéndose»

JON IÑARRITU

Senador de EH Bildu