Lo explicitó perfectamente el eurodiputado conservador biarrota Max Brisson el pasado sábado, cuando –cuestionado por la marcha de Baiona por el fin de la dispersión y la puesta en libertad de cuatro presos que llevan ya 28 años de condena– manifestó que «ya no estamos en un estado de excepción», por lo que «tiene que aplicarse el Derecho»; «lo que pido es que se apliquen las medidas habituales de un Estado democrático».

Que ya no estemos en un estado de excepción significa que lo estuvimos y que lo estamos; que tenga que hacerse un llamamiento a que se aplique en Derecho significa que hasta ahora no se venía haciendo, ni se hace hoy día; que se reclame que se apliquen las medidas habituales de un Estado democrático significa que la democracia ha escaseado, y que escasea. Y no sólo porque la dispersión y las penas vindicativas se mantienen en Francia y en España, sino porque como quedó patente en la multitudinaria manifestación del sábado en Iruñea, en este país seguimos viviendo en un estado de excepción, donde no se aplica el Derecho y donde París y Madrid siguen confundiendo a su gusto los principios democráticos con los principios de Estado. Justamente el fin de semana anterior, quedó claro que en nuestra mano está que esos principios empiecen a ser finales. Hay masa social. Empecemos.