Iker BIZKARGUENAGA
BILBO
DEUSTOBARÓMETRO

El 71% de la sociedad ha participado hasta mayo en algún acto sociopolítico

No se ha cumplido ni medio año y ya casi tres cuartas partes de la ciudadanía de la CAV afirma haber participado en alguna acción de carácter político, y un 45% ha asistido a movilizaciones, tres veces más que en la anterior edición del Deustobarómetro. La lucha por los derechos de la mujer y los pensionistas han jugado un papel determinante.

En los primeros cinco meses de 2018 un 71% de la ciudadanía de la CAV había participado en alguna acción de carácter político. Así se desprende del Deustobarómetro Social difundido la semana pasada y cuyo trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 22 de mayo, antes por tanto de celebrarse la cadena humana de Gure Esku Dago, que reunió a 175.000 personas el 10 de junio.

Ese porcentaje muestra un enorme grado de movilización, algo que ha quedado patente en un periodo en el que se han sucedido todo tipo de expresiones sociales, como la manifestación por los presos de enero, las movilizaciones del 8M o las protagonizadas por los pensionistas. En la pregunta se incluyen actividades de todo tipo, como asistir a manifestaciones, secundar huelgas, ir a reuniones o charlas, difundir mensajes de contenido político por WhatsApp, email o redes, dejar de comprar productos, firmar peticiones...

Un 32%, en actos feministas

Llama la atención, en este sentido, que casi un tercio del total de las personas consultadas, un 32%, afirma haber asistido a alguna movilización en apoyo a los derechos de las mujeres, y uno de cada cuatro (25,4%) dice lo mismo sobre las reivindicaciones de los pensionistas. Además, un 17,7% ha estado en movilizaciones de algún otro signo.

En total, hasta mayo un 45% de la población había asistido a alguna movilización, el triple de quienes dijeron lo mismo en la encuesta del pasado invierno.

Preguntados sobre si les parece bien que la ciudadanía se movilice contra medidas que perjudiquen sus intereses, el 88% está muy o bastante de acuerdo (66% y 22%), y llama la atención que el 45,1% de los encuestados crea que la desobediencia civil «es una vía legítima para ejercer la participación política».

Un elemento catalizador

Es evidente que en estos últimos meses los actos –manifestaciones, huelgas, conferencias– del movimiento feminista han sido uno de los principales elementos catalizadores en este aumento de la implicación social. Pero aún hay percepciones dispares en esta materia según el género. Por ejemplo, preguntados por la desigualdad entre hombres y mujeres, un 69% de estas cree que es grande o muy grande, frente al 48% de los hombres. Respecto a las movilizaciones del 8M, el apoyo es amplio en ambos colectivos, aunque sigue siendo mayor entre las mujeres (86% que las respalda mucho/bastante) que entre los hombres (73%), para alcanzar un porcentaje global del 79,5%.

Denunciar la violencia machista (45,2%), censurar las malas condiciones de las mujeres (36,5%) y cuestionar la respuesta política e institucional a la desigualdad entre mujeres y hombres (29%) aparecen entre las principales razones que influyeron en el éxito de esa jornada.

Donde casi no hay diferencia es en calificar como agresión sexual cualquier relación no consentida –un 92% y un 91% entre mujeres y hombres, respectivamente–. Asimismo, entre las mujeres un 84% dice que los tribunales no protegen lo suficiente a las víctimas de agresiones sexuales (un 71% entre los hombres) y un 64% de las consultadas afirma que la mayoría de las mujeres ha sufrido una agresión sexual en algún momento de su vida, algo que solo cree el 44% de los hombres sondeados.

Las pensiones del futuro

Los pensionistas han sido también protagonistas en la primera mitad de año y casi nueve de cada diez consultados, un 88%, muestran mucho/bastante apoyo a sus movilizaciones.

Cuestionados por los motivos de los pensionistas para salir a la calle, ya sea semanalmente o en grandes movilizaciones, la opinión mayoritaria observa no solo una defensa de sus propios derechos sino generosidad y visión de futuro, pues un 58% cree que lo hacen para «defender unas pensiones dignas para hoy y para el futuro». Además, un 45% cree que salen por «considerar ridícula la subida del 0,25%» y un 31% para reclamar una subida equiparable al IPC.

En torno al grado de responsabilidad sobre la situación que viven los pensionistas, un 56% sostiene que el Gobierno de Lakua tiene mucha o bastante, un porcentaje que llega al 69% en el caso del Ejecutivo español.

Lo mejor, tener un enchufe

El Deustobarómetro pregunta por los principales problemas que percibe la ciudadanía y precisamente las pensiones están en tercer lugar, tras el paro y el mercado de trabajo. En este sentido, un 61% de los que están sin empleo cree nada o poco probable encontrarlo en los próximos seis meses. Asimismo, en todos los parámetros –horario, salario, conciliación, carga de trabajo y capacidad para reclamar mejoras laborales– son más quienes creen que su situación ha empeorado que los que opinan que ha mejorado. Aunque la mayoría dice que sigue igual.

Lo que no deja de llamar la atención es que, cuando se cuestiona sobre qué aspecto es más importante para lograr un buen trabajo en la CAV, son muchos más los que responden «tener buenos contactos y relaciones» –tener un enchufe– que quienes mencionan «una buena preparación y capacidades».

También se cita en el estudio la percepción de la ciudadanía respecto a las desigualdades existentes entre distintos grupos sociales respecto a las oportunidades que tienen de alcanzar las metas que se proponen en su vida. Sobre este asunto, la mayor brecha que se percibe es la existente entre «ricos y pobres», con un 90% que ve grandes o muy grandes desigualdades. Le siguen las diferencias entre personas mayores y jóvenes (71%), entre ciudadanos vascos e inmigrantes (61%) y entre hombres y mujeres, con un 59%.

Sobre la desigualdad que sufren las personas migrantes, un apartado del cuestionario se centra en ese colectivo y sus derechos, distinguiendo entre «inmigrantes regularizados» y «todos los inmigrantes». En este sentido, estos últimos deberían tener la misma asistencia sanitaria que el resto de personas para un 56,5% de los encuestados, frente al 38% que piensa que ese derecho solo corresponde a los «regularizados» y un 5,4% opina que a ninguno.

Sin embargo, es la Sanidad el único ámbito donde la mayoría cree que todos los inmigrantes deberían tener igual derecho. No ocurre lo mismo respecto a las ayudas sociales (22,3% frente al 59,2% de los «regularizados»), VPO (14,7%-61,5%), derecho al voto (9,8%-66,5%), asistencia jurídica (41,7%-47,7%), traer a la familia más cercana (19,4%-59,6%) y tener acceso a la educación (46,6%-48,2%). La máxima «mismos derechos para todas las personas» parece que hace aguas en nuestro tejido social.

Desconocido Ejecutivo PNV-PSE

Entrados en harina político-institucional, hay un dato insólito: solo un 13% conoce que el actual Gobierno de Lakua lo forman PNV y PSE en coalición. Un 28% opina que los jeltzales gobiernan con apoyo parlamentario del PSE, mientras que un 12% responde que los de Iñigo Urkullu tienen mayoría absoluta.

Cuestionados sobre la «calidad democrática», en la CAV la media alcanza un 5,7, frente a un 3,38 en el Estado español. De hecho, sobre el funcionamiento de los «distintos componentes de la democracia española», ninguno llega a aprobar: el cumplimiento de la ley; la separación de poderes; el derecho de los pueblos a decidir en libertad su futuro; la libertad de expresión; la celebración de elecciones libres y justas, la protección de derechos sociales y económicos; y la rendición de cuentas de los gobernantes. Ninguno supera el listón en un Estado cuyo Gobierno no cuenta con la confianza de casi nadie, pues obtiene solo 2 de 10 puntos posibles. Un suspenso en toda regla.

 

Un 73% de votantes de EH Bildu no se siente libre para opinar

Que la libertad de expresión no vive sus mejores momentos es evidente. Cuando se cuestiona si se sienten libres de expresar sus opiniones políticas en cualquier situación, el 51% afirma estar poco o nada de acuerdo con esta afirmación, frente al 39% que está muy o bastante de acuerdo. Y son los votantes de EH Bildu quienes más coartados se sienten, pues un 73% dice no sentir libertad para mostrar sus opiniones. Por contra, los votantes del PP son quienes se sienten más libres, un 56%, seguidos por los del PNV (54%), PSE (44%), Elkarrekin Podemos (41%) y Ciudadanos (34%).

Sin embargo, un 72% del total de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con que «la libertad de expresión no debería tener ningún tipo de límite», frente al 19% que no comparte esa opinión. Por partidos, quienes votan a EH Bildu son los más partidarios de no restringir la libertad de expresión, con un 92%, seguidos por los de E-P (85%), PNV (71%), PSE (70%), C’s (38%) y PP (36%). Por tanto, los más favorables a la libertad de expresión son aquellos que más la consideran vulnerada.

En este contexto, el 76,1% cree que rapear o cantar una canción contra la Monarquía no debe tener castigo judicial, y un 68,5% piensa igual de hacer caricaturas sobre todo tipo de creencias. Respecto a agredir a miembros de las FSE, un 45% cree que debe solventarse con multa o similar sanción, un 35,9% con penas de cárcel de corta duración y un 13,1% apuesta por largas condenas. Un 6% no ve ningún motivo de castigo.I. B.