Víctimas de torturas que en su día pasaron por el despacho de Fernando Grande-Marlaska como juez instructor de la Audiencia Nacional y testificaron ante él los malos tratos padecidos exigieron al ahora ministro de Interior del Gobierno español que reconozca la realidad de la tortura y el daño causado. Comparecieron públicamente ayer, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, junto a la letrada y miembro de Sortu Amaia Izko, ante la sede en Bilbo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Desde allí, Izko manifestó que «un día como hoy» no «podemos permanecer calladas» cuando «han sido miles las personas torturadas en las comisarías» y remarcó que «el dolor que todas ellas padecen también necesita un reconocimiento que nos permita convivir en paz en este país». Tal y como destacó, en este contexto que uno de los jueces que más denuncias de tortura acumula durante las detenciones de las que fue responsable desempeñe ahora la máxima responsabilidad política al frente de Interior en el Gobierno español es especialmente doloroso y grave para cientos de personas de este país.

La abogada explicó que para quienes conocieron como detenidos al juez Grande-Marlaska su nombramiento como ministro de Interior supuso un «sentimiento de dolor inmenso». Recordó que como magistrado no solo no atendió reiteradas demandas de medidas para evitar la existencia de malos tratos en sede policial, sino que «pese a que en muchos casos las personas detenidas pasaran notablemente destrozadas, pese a que denunciaran ante él haber sido torturadas, Grande-Marlaska siempre miraba a otro lado o actuaba, según relatan, con absoluto desprecio».

La portavoz de Sortu apuntó que 223 vascos y vascas denunciaron todo tipo de torturas y malos tratos en el transcurso de esas detenciones, cuya veracidad ha sido certificada por el Protocolo de Estambul.

A este respecto, agregó que «desde 2004, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado nueve veces al reino de España por no haber investigado eficazmente las denuncias de torturas» y «de todas ellas, en el caso de seis personas, el instructor fue Grande-Marlaska», quien debiera haber sido «el garante máximo de los derechos y de la integridad física de las personas». Recordó Izko testimonios «desgarradores» de las torturas padecidas bajo instrucción de Grande-Marlaska, como las de Beatriz Etxeberria, violada en comisaría, o los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola, por los que el Estado español fue «condenado no ya por no investigar sino por el maltrato a los detenidos».

Analizar las autoinculpaciones

Además de la reparación que merecen las personas torturadas a las que el juez no amparó, Sortu puso ayer sobre la mesa la necesidad de analizar en profundidad y buscar una solución a los casos en los que las inculpaciones y autoinculpaciones obtenidas bajo tortura han sido la única prueba para condenar a personas.

La letrada Amaia Izko planteó, asimismo, que «en el escenario recién abierto», tanto Fernando Grande-Marlaska como el Gobierno de Pedro Sánchez tienen «una oportunidad única para aplicar la justicia transicional», en referencia a medidas judiciales y políticas que favorezcan la reparación de todas las víctimas, y que se han aplicado en otros conflictos como Sudáfrica o Colombia.

Izko subrayó, en este sentido, que «la izquierda abertzale está dispuesta a colaborar junto al resto de agentes para la construcción de una sociedad justa basada en la justicia, la convivencia y la paz». Tal y como destacó, reconocer el daño causado supone una reparación moral a quien se infligió un sufrimiento y favorece al convivencia.