2018/07/12

Iñaki IRIONDO
Del derecho a decidir a su ejercicio práctico

En la redacción de las bases para la elaboración del Nuevo Estatus Político en la Ponencia de Autogobierno se han dado cambios teóricos de los partidos abertzales que han pasado desapercibidos por el ruido de las consignas unionistas que repiten políticos y medios.

Las próximaselecciones seconvertirían en unasuerte de «consultahabilitante» si,según el «ideal» deErkoreka, estalegislatura acaba conun acuerdo amplio arefrendar en lapróxima

Entre el bosque de titulares inflamados de unionismo y la maraña de declaraciones sobreactuada de quienes hablan del «Estatuto de Kanbo» y de «vascos que serán como los alemanes en Mallorca», se han perdido los cambios de cimientos y los riquísimos matices que se han incluido en las bases sobre las que ahora habrá de construirse el texto articulado del Nuevo Estatus.

Las reacciones de algunos políticos, editorialistas, columnistas o tertulianos a la inclusión de una «consulta habilitante» en las futuras reglas de juego, son paradigmáticas de cómo están abordando algunos sectores todo este debate. Sin ni siquiera molestarse en leer lo acordado, se ataca a ese referéndum como si fuera un ejercicio de autodeterminación al estilo del 1 de Octubre.

Pues bien, esa «consulta habilitante» es, precisamente, el exponente del cambio teórico que las dos grandes corrientes abertzales han introducido al elaborar las bases de este Nuevo Estatus. El derecho a decidir no se interpreta aquí y ahora como un referéndum de independencia sí o no, sino que la ciudadanía vasca ejercería de hecho el poder de decidir al aprobar o rechazar cómo quiere que sea en detalle la relación del nuevo sujeto político con el Estado español.

El pasado 4 de febrero, EH Bildu presentó el documento «De la autonomía a la soberanía. Bases para un Nuevo Estatus Político», en el que se teorizaba un derecho a decidir en tres fases. La primera fase era, precisamente, una consulta no vinculante jurídicamente sobre el texto articulado del Nuevo Estatus que se aprobara en el Parlamento. La formación independentista hacía así suya esa consulta habilitante que el PNV también recogía en su propuesta y que sirve para ir a negociar con el Estado con el respaldo de una mayoría de la ciudadanía de la CAV. La segunda fase sería la de tener garantizado el derecho a negociar en pie de igualdad con el Estado para lograr un acuerdo sobre la propuesta que se lleve refrendada por la ciudadanía. Y, por último, la tercera se definía como el derecho a que el nuevo modelo de relación acordado con el Estado «pueda ser materializado por medio de un referéndum de ratificación jurídicamente vinculante».

Poco después, el 7 de febrero, la Ponencia de Autogobierno recibía los documentos de todos los grupos, en el que el PNV proponía un «ejercicio concreto» del derecho a decidir. En el texto había un cambio sustancial sobre lo aprobado en el Estatuto Político de 2004, el conocido como “Plan Ibarretxe˝, que más o menos se reflejó en el escrito que el PNV presentó a la Ponencia al final de la pasada legislatura, en 2016, y que luego calcó en el programa electoral con el que Iñigo Urkullu se presentó a las últimas elecciones.

Sobre ese cambio llamamos la atención en estas mismas páginas, puesto que el derecho a decidir ya no se identificaba con un referéndum sobre las relaciones con el Estado español (como aquel que el partido de Ortuzar prometía para 2015), sino que, precisamente, la aprobación de un Nuevo Estatus se entendía ya en si mismo como el ejercicio de ese derecho a decidir.

Las dos grandes corrientes del abertzalismo (jelkides e independentismo de izquierda) coincidían de esta forma –y es difícil creer que fuera por casualidad– en una estrategia sobre la que finalmente podrían llegar a un acuerdo, como finalmente ha ocurrido.

Esto, claro está, es la teoría. Ahora un grupo de expertos debe darle forma de Estatuto articulado y luego llegarán los debates entre partidos y conseguir que Madrid admita el resultado. ¿Cómo se supera esa fase? ¿Mantendrá el PNV su apuesta en los términos actuales o la rebajará para intentar atraer a Podemos y PSE, necesarios luego en el Congreso de los Diputados? ¿Y podrán hacerlo los jeltzales sin perder a EH Bildu por el camino? ¿Para qué sirve un Nuevo Estatus que no tenga el apoyo independentista, como ya ocurrió en 1979?

La solución quizá esté en el tiempo. En dejarlo pasar, más en concreto. Según declaró este domingo el portavoz del Gobierno de Urkullu en una entrevista en “DV”, no hay tiempo para que todo se haga en esta legislatura. «Lo ideal sería –dice Josu Erkoreka– que esta legislatura concluyera con un acuerdo lo más amplio posible en el Parlamento Vasco para formular una propuesta que pudiera ser ratificada en la siguiente legislatura». Así, en cierta forma, las elecciones serían una especie de «consulta habilitante».