Decenas de personas se concentraron ayer frente a las oficinas de Adania, situadas en el centro de Gasteiz, para denunciar la situación de Mohamed y Mawa, un matrimonio con cuatro hijos que está viviendo una pesadilla. Alejandra Valencia, integrante de Stop Desahucios Araba, explicó que los problemas comenzaron tras la firma de un contrato de alquiler con Vitalquiler, una empresa creada por Adania y por Caja Vital para gestionar apartamentos de alquiler social que reclamó un aval de 5.000 euros a la pareja.

Mohamed y Mawa acudieron a Laboral Kutxa para poder hacer frente al pago del aval y firmaron un contrato por el que debían pagar en comisiones 300 euros cada año, en total, 1.500 euros. «Al finalizar el contrato, en diciembre del año pasado, Vitalquiler se negó a prorrogarlo porque Mohamed estaba en paro y no podía renovar el aval de 5.000 euros», señaló Valencia, quien señaló que la familia siguió viviendo en la casa porque no tenía a dónde ir.

Gracias al apoyo ciudadano frenaron el desahucio, previsto para el mes de enero, y lograron que el Gobierno autonómico les asignara una vivienda de alquiler social en abril. Pero «ahora Vitalquiler ha pasado su factura»: pide una penalización de 1.000 euros mensuales por el retraso en la entrega de llaves y de 850 euros por gastos judiciales. «Un robo descarado de 6.000 euros a una familia vulnerable a la que cargan una deuda injusta que no puede pagar», añadió la representante de Stop Desahucios antes de advertir de que Laboral Kutxa ha llevado a juicio Mohamed, a quien exige el pago de 5.000 euros.

Papel de la instituciones

«El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Gasteiz no pueden ser espectadores pasivos de este drama, al cual han contribuido por no haber proporcionado a tiempo una alternativa habitacional. Por eso les pedimos que exijan a Vitalquiler y a Laboral Kutxa que rectifiquen, que anulen la deuda a Mawa, Mohamed y sus hijos, y que dejen de hacer negocio con el sufrimiento de las familias», destacó.

Además, Valencia insistió en que es necesario que se revisen los convenios con Vitalquiler, «que se supriman las cláusulas abusivas de sus contratos, que no se cargue el IBI a los inquilinos y que se garantice el carácter social de los alquileres de viviendas de protección oficial». «Basta ya de avales y cláusulas abusivas, de negocios a costa del sufrimiento y los derechos de las personas, y de los desahucios sin alternativa habitacional previa», subrayó antes de ceder la palabra a Kafumba, uno de los hijos de la pareja.

Este explicó que la familia se encuentra en una situación precaria, porque se su padre continúa en paro y su madre trabaja como limpiadora a tiempo parcial con un sueldo de 700 euros al mes. «Y que ahora tengamos una deuda de 6.000 euros es algo muy difícil», apuntó el joven, que espera que el apoyo de Stop Desahucios sirva para que Vitalquiler de marcha atrás, ya que la penalización es demasiado alta.

En este sentido, Arturo Val, compañero de Valencia en la plataforma Stop Desahucios, indicó que la familia ha solicitado justicia gratuita y está a la espera de que se les asigne un abogado y un procurador. «Cuando se les asigne vamos a presentar un escrito denunciando las cláusulas abusivas que tiene el contrato del aval, que es abusivo porque la familia no puede decir nada sobre la liquidación que ha hecho Vitalquiler».

Cabe señalar que la semana pasada Stop Desahucios Araba pidió a Vitalquiler que elimine las penalizaciones, que, en opinión de Val, suponen «una vergüenza por parte de una organización privada que gestiona viviendas de protección, teóricamente para alquiler social»