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MADRID

Inmigrantes recuperan el acceso a la sanidad sin empadronamiento

El Ministerio español de Sanidad ha enviado a las comunidades autonómicas el borrador del decreto ley que recupera formalmente la sanidad universal que el Gobierno del PP había eliminado e impedía que fuera aplicado a través de leyes autonómicas. De esta forma, inmigrantes «sin papeles» no necesitarán contar con una tarjeta de la Seguridad Social ni estar empadronados para acceder a los servicios sanitarios.

El borrador de decreto ley que el Ministerio español de Sanidad remitió la semana pasada a las comunidades autonómicas recupera formalmente la sanidad universal sin la necesidad de ser titular de la tarjeta de la Seguridad Social –solo accesible con un contrato de trabajo–, ni de estar empadronado.

De esta forma, los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria sin tener que justificar su residencia en el Estado español, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura o no cuentan con un seguro médico o convenio.

También se benefician del nuevo decreto las personas con ciudadanía española que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social, dado que se desvincula la situación laboral del derecho a la cobertura sanitaria.

Cuando se trata de inmigrantes irregulares el borrador excluye la obligación de acreditar el periodo mínimo de empadronamiento de 90 días que en un primer momento preveía el citado decreto, y serán los servicios sociales de las comunidades los que concedan, a través de un informe favorable, el derecho a la asistencia.

Inseguridad jurídica

Con esta normativa, Sanidad revierte la orden de 2012 del Ejecutivo del PP, que privó de asistencia médica gratuita a los extranjeros sin permiso de residencia.

Según estudios del Instituto de Economía de Barcelona y el Centro de Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, esa normativa aumentó en los años posteriores a su aprobación un 15% la mortalidad entre la población de inmigrantes irregulares, llegándose al 22% en el tercer año.

Tras el decreto, la mayoría de las comunidades articularon sus propios sistemas para prestarla y «lo habían ido salvando como habían podido», según la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que admitió que las comunidades se toparon con «un grado alto de litigiosidad con el Ministerio», a través de recursos de inconstitucionalidad.

En Euskal Herria el Tribunal Constitucional anuló el pasado febrero la ley que garantizaba la sanidad universal en Nafarroa desde cinco años antes. El Ejecutivo navarro optó por hacerlo por una vía indirecta, eximiendo del pago del falso seguro a todas las personas excluidas del sistema sanitario. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa fue el pasado noviembre de 2017 cuando el Constitucional anuló la normativa autonómica que paliaba los efectos de la legislación estatal.

Los intentos por minimizar los perjuicios, según asociaciones médicas, han chocado, no obstante, con el desconocimiento de los afectados, y con el gasto en medicamentos, no siempre accesible para estas personas.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideró el borrador del decreto conocido ayer como «un paso adelante», pero advirtió de que deja en manos de las comunidades autónomas los requisitos concretos para el acceso al sistema sanitario, lo que podría favorecer una «cierta discrecionalidad».

Hunden el barco y los abandonan sobre sus restos

La ONG Proactiva Open Arms encontró ayer a 80 millas de Libia un bote hundido con un niño pequeño y una mujer muertos. «La Guardia Costera libia anunció que había interceptado un bote con 158 personas a bordo y había proporcionado asistencia médica y humanitaria. Lo que no dijeron fue que dejaron a dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el barco porque no querían subirse a las patrulleras libias», denunció el fundador de la ONG, Óscar Camps. que acusó de omisión de socorro a «los llamados guardacostas libios y al mercante Triades». «¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con asesinos alistados por el Gobierno italiano para matar?», añadió. «Esta es la consecuencia de contratar a milicias armadas para hacer creer al resto de Europa que Libia es un Estado, un país muy seguro», acusó.

Por otro lado, en la zona del Estrecho, los servicios de salvamento españoles rescataron a 82 inmigrantes en cuatro embarcaciones diferentes. GARA