Agentes de la Policía española y de la Guardia Civil y colectivos de víctimas han creado un grupo de trabajo para evitar, según sus palabras, que agravien «con total impunidad» la dignidad de las víctimas de ETA y de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El detonante ha sido la intención de retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado en mayo de 2017 contra la Ley de Atención a Víctimas de Abusos Policiales aprobada por el Parlamento de Gasteiz.

En el grupo se integran los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP tanto de Nafarroa como de la CAV. Y se suman también la AVT y Covite. Luis Mariano Rodado (del SUP en la CAV) aseguró en la presentación: «Antes nos mataban y ahora nos persiguen».