Cuando el domingo uno de los hombres fuertes del PP, Javier Maroto, dio por seguro que las víctimas de ETA se echarán a la calle si hay acercamientos de presos, no pareció medir sus fuerzas ni la nueva situación creada por el fin de ETA. Inmediatamente encontró la réplica de Maria Jauregi Lasa (hija de Juan Mari Jáuregui, exgobernador de Gipuzkoa muerto en atentado de ETA), que alcanzó gran viralidad: «Ya vale, deja a las víctimas en paz. Si quieres hacer algo, hazlo, pero en tu nombre o el del PP, no en el de las víctimas. Por suerte, son muchas y plurales. Yo sí estoy a favor del acercamiento de presos», tuiteó. Se le han sumado voces como la de Iñaki García Arrizabalaga, también huérfano por una acción de los Comandos Autónomos Anticapitalistas: «Creo que en el fondo Pablo Casado cree que las víctimas del terrorismo que no son del PP ni piensan como él sufrimos el síndrome de Estocolmo o, peor aún, somos unos ‘traidores a la causa’. ¡A paseo con tanto político simplista del conmigo o contra mí!», ha escrito.

Pero más sorprendente aún para el PP ha sido ver que los desmarques no se restringen a Euskal Herria y llegan incluso a la cúpula de organizaciones estatales como AVT y Covite. Sus dos máximas dirigentes, María Araluce y Consuelo Ordóñez (hija y hermana de fallecidos en atentados de ETA), respaldaron anteayer la legalidad de los traslados a Basauri de Olga Sanz y Xabier Moreno, con los que la Delegación del Gobierno español en Gasteiz escenifica que se inicia un cambio en la política carcelaria cuyo alcance se desconoce aún. Araluce y Ordóñez se alejaron con ello del anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que a la misma hora cargaba contra ese movimiento incipiente que atañe solo a dos presos desvinculados de EPPK.

A su vuelta de Colombia ayer, el líder del PP, Pablo Casado, dejó claro que van a mantener su campaña de «oposición frontal». En declaraciones en Santa Pola (Alicante), donde participó en un acto de recuerdo al atentado de ETA de 2002, insistió en que el Gobierno del PSOE «no puede contar con nosotros para esto» porque «los terroristas no se han arrepentido» y traerlos o acercarlos «no ayuda a un relato de la derrota del terrorismo con vencidos y vencedores».

A la espera de ver cómo evoluciona esta fisura entre el PP y las organizaciones de víctimas que sí le secundaron a pies juntillas contra el Ejecutivo Zapatero en 2006, destaca que Ordóñez haya reprochado al PP lo que es un secreto a voces: los expedientes para eventuales acercamientos se prepararon cuando en Moncloa aún mandaba Mariano Rajoy, y de hecho el tercer grado a Olga Sanz se aprobó entonces. El PP dice que el PSOE ha cambiado, pero realmente es al revés.

UPN tampoco sigue al PP y le pide que llegue a un acuerdo con el PSOE

En Euskal Herria el empecinamiento en sostener la política carcelaria actual tiene ya muy poco recorrido. La última evidencia es la posición en que se situó ayer el presidente de UPN, Javier Esparza, marcando distancias respecto al veto del PP a los acercamientos, aunque sin llegar a respaldarlos.

En una nota, UPN expresó una equidistancia que resulta novedosa en este terreno, en el que se siempre se ha plegado al PP. Esparza exigió «unidad» y reclamó a los dos partidos estatales que «no se haga política con un tema tan serio y sensible como el terrorismo, que ha costado tanto sufrimiento y dolor a la sociedad española».

Así, al PSOE le trasladó el presidente de UPN que la política penitenciaria «no puede ser un pago a favores obtenidos», pero lo combinó acto seguido con otra advertencia que se dirige claramente al PP: «Tampoco puede convertirse en un campo de batalla para dañar al adversario».