Desazón y algarabía se palpó en la madrugada de la Plaza de los Dos Congresos de Buenos Aires. Esa era la sensación dual que transmitieron los cientos de miles de congregados frente al Parlamento bajo la fría lluvia invernal. Algunos celebraron y otros lloraron de forma desconsolada. Un final representativo para un debate histórico y transversal que partió en dos a un país.

El resultado en el Senado ya era esperado a medida que los 72 legisladores iban manifestando su decisión. A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, esta votación cumplió los pronósticos anunciados la víspera: 38 votos en contra de la legalización, 31 a favor, dos abstenciones y una ausente por estar en fecha de parto –que había anticipado su voto favorable–.

Asombrada por la aprobación de los diputados, o simplemente esperando en forma calculada su turno de máximo nivel de influencia, la Iglesia ejerció una denodada presión a los senadores en los últimos dos meses. Es imposible de soslayar que la capacidad de influir de la Iglesia en Argentina –uno de los países más laicos de Latinoamérica– ha cobrado nuevo impulso desde que el jefe del Estado vaticano es el cardenal Jorge Bergoglio, quien nunca dudó en ejercer un lobby político sin tapujos.

De hecho, uno de los movimientos políticos más sugestivos de los últimos días a favor de la coalición antilegalización fue el de la senadora Silvina García Larraburu, miembro del grupo parlamentario que lidera la expresidenta Cristina Fernández. En el último momento anunció su voto en contra defendiendo la postura papal.

«Lo de García Larraburu es un gesto de Cristina al papa», dice a GARA una de las legisladoras de la coalición favorable a la legalización que más batalló por su aprobación y que pertenece al grupo de diputadas interpartidarias. En los últimos días, en los pasillos del Senado era un secreto a voces que el kirchnerismo iba a ofrecer al líder de los católicos algún voto afín, una especie de guiño a un aliado coyuntural con el que se enfrentan a Cambiemos, que está en su momento de mayor tensión con el Episcopado.

Durante las manifestaciones que coincidieron con la sesión en el Senado, abundaban las banderas vaticanas entre los pañuelos celestes. «Hubo mucha presión de la Iglesia, que se aprovechó del feudalismo clerical que abunda en el norte argentino», reseña fuera de micrófonos la misma diputada.

No se puede entender la caída de este proyecto sin comprender el régimen político. Como todo sistema presidencialista federal inspirado en el de EEUU, el Senado argentino tiene muchas atribuciones propias y una representación desproporcionada de las provincias menos pobladas con respecto a las áreas metropolitanas, que suelen ser más liberales y reformistas.

Esto posibilita que cada proyecto de ley de perfil más progresista o que impacte con el statu quo choque con un núcleo duro conservador. Así, 11 de las 24 provincias son las norteñas, de matriz conservadora y cuya élite política es mucho más influenciable a los grupos católicos y evangélicos, aunque su peso demográfico sea irrisorio.

La Campaña por el Aborto Legal, como se denominó a esta renovada coalición que promete dar batalla de presión en las presidenciales del año próximo, lamentó que los senadores no quisieran aprobar el proyecto con cambios y ni siquiera la despenalización, dejando vigente una legislación de 1912.

Los pasos a seguir ahora son o presentar de nuevo en 2019 el proyecto con modificaciones o impulsar un referéndum que la Constitución avala en caso de juntar una cantidad determinada de firmas. Por ahora, desde la Casa Rosada analizan las repercusiones y ya dejan trascender que en la reforma del Código Penal que tienen prevista, incluirán la despenalización para la mujer. Pero el movimiento feminista ha dejado claro que no se contentará con migajas.