2018/08/28

Sabino Cuadra Lasarte
Abogado
Gaztetxe Maravillas: ocupación, autogestión, cambio político
La solución debe basarse en el diálogo, la mediación y el acuerdo, tal como propusieron los colectivos sociales del Casco Viejo. Sobran las posturas cerradas, impuestas o policiales

La ocupación del Palacio Rozalejo en el Casco Viejo de Iruñea por jóvenes del barrio para su conversión en lo que hoy es el «gaztetxe Maravillas» ha hecho aflorar, entre otras cosas, interesantes debates sobre la ocupación, la autogestión de espacios juveniles y el cambio político y social por el que se está impulsado en Nafarroa en los últimos años.

Empecemos por decir que, aún cuando en este caso el debate sobre la ocupación y la autogestión juvenil vienen de la mano, se trata de dos temas diferentes. Sin entrar a profundizar en ambos, lo cierto es que la ocupación de espacios privados o públicos se da también en ámbitos no juveniles (latifundios improductivos –SAT–, luchas contra los desahucios –PAD– etc.) cuyos objetivos suelen ser tanto la denuncia de sangrantes injusticias, como la puesta en práctica de alternativas que superan los marcos legales de la propiedad.

Junto a ello, la autogestión de espacios juveniles supera a su vez el marco de la estricta ocupación, ligándose en ocasiones a la utilización y uso de locales cedidos por ayuntamientos u otras instituciones, o a proyectos compartidos con otros colectivos en centros sociales más amplios. Por eso, las ricas y diversas experiencias existentes en Iruñea (Maravillas, Rotxapea, Mendillorri), Nafarroa (Burlata, Tafalla,…) y Euskal Herria, en este y otros ámbitos (feminista, ecologista, vecinal…), aconsejan no santificar vías ni modelos únicos de autogestión, sino intentar aprender de todas ellas.

Pero hablemos del gaztetxe Maravillas. El Gobierno de Navarra, dueño del local, debería comenzar explicando por qué un edificio de más de 2.500 m2, comprado con dinero público, lleva abandonado 20 años (17 con UPN y 3 con Geroa Bai) y en progresivo deterioro. Porque si hay delito alguno en éste y otros casos parecidos, no es el cometido por quienes ocupan, sino el de quienes, desidiosamente, crean estas situaciones. Porque delito no es, aunque así lo diga el Código Penal, el del jornalero que ocupa latifundios o fincas estatales improductivas para darle un uso social en régimen cooperativo, sino el del señorito que utiliza esos latifundios para cacerías un par de veces al año, o el de los militares que crían allí cuatro yeguas para lucirlas en sus desfiles. Y tampoco lo es, por mucho que así lo diga el Gobierno de Navarra, la ocupación del decrépito palacio de Rozalejo por la juventud del Casco Viejo de Iruñea.

Sí, ya se que se ha dicho que el Gobierno quiere instalar en el palacio el Instituto de la Memoria, pero esto suena a excusa por todos lados. Es decir, más bien parece que Geroa Bai ha sacado del baúl de sus proyectos aquel que mejor podría servir para vestir su desalojo judicial-policial y que la utilización de un tema tan sentido como el de la memoria histórica ha obedecido a esto. Las razones de fondo, sin embargo, quizás haya que buscarlas en un intento por reforzar una imagen de firmeza que compita con UPN y PSN, a fríos cálculos electorales y, ligado a ello, a posibles cambios en su futura política de alianzas.

Decía antes que el palacio Rozalejo tiene una extensión superior a los 2.500 m2. ¿Pues bien, donde está el proyecto concreto de ese Instituto de la Memoria que sirva para dar uso a todo ese espacio? Llegados a este punto, digamos como dato que el Instituto de Memoria del Gobierno Vasco ocupa tan solo un piso. Y aquí en Nafarroa, el Instituto de la Mujer no supera los 200 m2 y el de la Juventud, al alimón con el de Deporte, se reparten 500 m2. Es decir, el Gobierno vende humo con su proyecto fantasma para Rozalejo.

Tampoco existen razones de urgencia. Según el Gobierno, la reforma del palacio costará 6 millones de euros. Una cifra importante. Pues bien, ¿para cuándo la partida presupuestaria –hoy no existe– que permita llevar adelante el proyecto? Y una vez que ésta exista, ¿en qué plazo se harán los concursos (convocatorias, presentación de propuestas, adjudicaciones) para realizar el proyecto arquitectónico de reforma y, después, adjudicar las obras a una empresa especializada? Es decir, ¿en qué plazo administrativo real, no ilusorio, elecciones de por medio, podrían empezar las obras de rehabilitación?

Al margen de un juicio más detallado, la creación del Instituto de la Memoria, al igual que otras actuaciones impulsadas en este ámbito (apoyo a exhumaciones, proyecto Ezkaba, campos de verano y programas escolares sobre Memoria, Ley de Víctimas de Violencia Policial...) no merece sino un claro aplauso. Ahora bien, este proyecto, presentado por el Gobierno en su día como un «hito para la convivencia pacífica», no puede asentarse sobre cimientos autoritarios y penales. Además, el movimiento memorialista navarro, ignorante hasta hoy de estas intenciones, debería ser parte importante en su diseño.

Ante el varapalo recibido por la Justicia archivando el caso, el Gobierno ha insistido en la vía penal y judicial. Lejos de dar marcha atrás y recomponer de paso las importantes tensiones creadas con el resto del cuatripartito (EH Bildu, Podemos, I-E), insiste en que el único diálogo posible es para acordar el desalojo. El «cambio tranquilo» defendido por Geroa Bai en su campaña electoral choca ahora con la crispación y tensión que genera por doquier.

De todas formas, y ya que hablamos del cambio, la profundización en éste poco tiene que ver con agudizar las contradicciones puestas de manifiesto en este affaire, sino todo lo contrario. Hoy por hoy, las pajas con las que tejer y fortalecer el cesto del cambio siguen estando en los mismos espacios que hace cuatro años. Priorizar frente a esto estrechos intereses electorales o minar los espacios de encuentro y trabajo común entre las movidas sociales y quienes se esfuerzan en trabajar a favor del cambio también desde las instituciones es un gran error. No hay más que mirar a UPN y PSN para darse cuenta de ello.

La solución debe basarse en el diálogo, la mediación y el acuerdo, tal como propusieron los colectivos sociales del Casco Viejo. Sobran las posturas cerradas, impuestas o policiales. El Gobierno debería avanzar así por esta vía y no por la judicial-penal. También el gaztetxe, el Ayuntamiento y las fuerzas del cuatripartito deberían impulsar sinceramente esta solución, porque saldar este conflicto positivamente servirá para consolidar, no solo el cambio, sino también los espacios de autogestión juvenil. No hacerlo, para todo lo contrario.