El pleno del Congreso aprobó ayer, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, el Real Decreto-ley 7/2018, que deroga parcialmente lo dispuesto en el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para dejar sin cobertura sanitaria a los migrantes en situación irregular. La prestación a estas personas quedó limitada a la asistencia en caso de urgencia o embarazo.

El preámbulo de la nueva norma, que será tramitada como ley por el procedimiento de urgencia, critica que el texto de 2012 «desvirtuó el derecho a la protección de la salud al anular su vocación universal y eliminar la titularidad del derecho»; y advierte de que el presente decreto «obedece a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, a garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado español».

«Esto se lleva a cabo mediante la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español», recoge el texto, en el que se insiste en que, «más allá de atender una exigencia ética como es la protección de la salud, la universalidad no solo redunda en la mejora de la salud individual, sino también en la salud colectiva de toda la población».

Una idea defendida por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en el Hemiciclo, donde señaló que el decreto del PSOE supone un «cambio en el modelo de la atención sanitaria, porque la titularidad de la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. De este modo, el acceso a la atención sanitaria integral se garantiza en condiciones de equidad y de universalidad a todas las personas».

Acabar con una «injusticia»

Asimismo, justificó el uso de un Real Decreto-ley para acabar con los recortes y las limitaciones impuestas por el Ejecutivo del PP. Según explicó, «el motivo fundamental de la urgencia de esta norma es terminar con la injusticia de que existan en nuestro país personas sin derechos a la asistencia sanitaria normalizada. Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos y para el Gobierno actual es urgente recuperarlos».

Y detalló que la segunda razón de la urgencia es garantizar la seguridad jurídica a profesionales sanitarios y a administraciones autonómicas. En este sentido, destacó el amplio rechazo que suscitó la norma de Rajoy en muchas comunidades autónomas, que trataron de articular medidas legales para hacer frente a las imposiciones de Madrid. Estas normas fueron recurridas por el Gobierno español, durante la etapa del PP y durante la del PSOE, ya que el mes pasado se supo que la delegación del Gobierno español en Nafarroa ha llevado a los tribunales el sistema diseñado por el Gabinete de Barkos para prestar asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular.

Un hecho en el que no reparó la ministra, que anunció que, una vez modificada la norma, los recursos interpuestos deben ser «analizados, porque carecen de sentido». «Se abre el camino al desistimiento de los mismos, a través del diálogo», subrayó antes de echar por tierra los criterios «economicistas» que utilizó el PP para justificar la decisión de dejar sin cobertura a una parte de la población. «Se hablaba de un supuesto ahorro económico que nunca se demostró; de hecho, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE dijo en 2015 que el modelo de exclusión sanitaria, además de injusto, es más caro». Al fin y al cabo, «la asistencia normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades y evita que los pacientes tengan que acudir a Urgencias o ser hospitalizados, procesos que implican un mayor gasto sanitario».

Además, remarcó que «es un hecho que la exclusión sanitaria ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron fuera del sistema». Un estudio realizado por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el Centro Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (CRES-UPF) alerta de que la mortalidad entre inmigrantes sin papeles ha ido creciendo paulatinamente desde que se les retiró el acceso a la sanidad pública en 2012. En el año 2015 ya era un 22,6% mayor que antes del decreto. «Lo esencial de esta norma, y lo que justificó su urgencia, es la mejora de la salud individual de las personas que quedaron excluidas y también la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad», manifestó la ministra antes de ceder la palabra a los grupos parlamentarios.

 

Algunas lagunas del decreto

La mayoría de los políticos que intervinieron en el debate mostraron su apoyo al nuevo decreto, aunque con ciertos matices. Los representantes de formaciones procedentes de los Països Catalans, como Marta Sorlí (Compromís), Míriam Nogueras (PDeCAT) y Joan Olòriz (ERC) defendieron las leyes aplicadas en Catalunya o en el País Valencià para garantizar la atención sanitaria a toda la población, y criticaron ciertas lagunas que se aprecian en la norma, que deja en manos de las comunidades autónomas el diseño del procedimiento para la expedición del documento certificativo a las personas de origen extranjero.

Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, e Iñigo Barandiaran, del PNV, también apreciaron ciertas deficiencias en el decreto, en el que se mantienen las referencias al copago farmacéutico. «Nos preocupa el derecho a las prestaciones farmacéuticas como parte importante del acceso a la salud. Este nuevo decreto establece que las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes abonarán un 40% de los medicamentos y productos sanitarios, y esto es algo que nos genera preguntas, por ejemplo, ¿cómo se va a garantizar el derecho a disponer de medicamentos de los colectivos de extrema vulnerabilidad?», cuestionó la parlamentaria soberanista.

No obstante, los más críticos con el texto fueron los representantes de las formaciones derechistas, que no votaron a favor del mismo. Algo paradójico en el caso de Ciudadanos, ya que en su intervención el diputado Francisco Igea se mostró partidario de restaurar la sanidad universal. Desde el PP, María Teresa Angulo, avaló la gestión realizada por su partido a lo largo de estos años, y cargó contra el PSOE por «abrir las puertas al turismo sanitario». Llegó a decir que el nuevo decreto da pie a que «un ciudadano rico americano que en su país no tiene derecho a prestación sanitaria, conociendo la excelencia de nuestro sistema sanitario venga aquí, se empadrone y utilice unos servicios que luego no podremos cobrar porque, según la ministra, todo el que vive aquí tiene derecho a la sanidad».

 

Declaraciones

«Para el anterior Gobierno era urgente recortar derechos y para el actual es urgente recuperarlos»

CARMEN MONTÓN

Ministra de Sanidad

«Nos preocupa el derecho a las prestaciones farmacéuticas como parte importante del acceso a la salud»

M. BEITIALARRANGOITIA

EH Bildu

«El objeto del PP era deteriorar la sanidad publica para que se fuera implantando la sanidad privada»

AMPARO BOTEJARA

Unidos Podemos

 

Profesionales y agentes sociales aplauden la decisión del Pleno

Las reacciones a la aprobación del nuevo decreto no se hicieron esperar. El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, saludó la decisión de la mayoría del Congreso y recordó que los facultativos se opusieron desde el inicio al decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, «sobre todo porque, por ser médicos, no podemos dejar a nadie sin atender».

En la misma línea se pronunció el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo, que considera que la tramitación como ley del nuevo decreto es una «oportunidad para mejorar el texto». «Ahora habrá que ver cuánto tiempo tarda en desarrollarse y nosotros estaremos vigilantes para que se cumpla el decreto y para que la ley sea lo más justa posible», señaló en declaraciones a Europa Press.

Desde Cáritas, Raquel Benito, integrante del Equipo de Incidencia Política, indicó que la aprobación del decreto es positiva y pidió a las comunidades autónomas que no pongan trabas burocráticas en el procedimiento para obtener la tarjeta sanitaria. «Tenemos que ver cuál va a ser su puesta en práctica porque se necesita un reglamento y desde todos los colectivos se está instando a que se apruebe con la mayor brevedad posible», apuntó.

Cabe recordar que, según los datos de Médicos del Mundo 4.755 personas han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud desde 2012, para las cuales «el sufrimiento ha sido enorme».GARA