El Congreso de los Diputados aprobó ayer por mayoría convalidar el Real Decreto-Ley del Gobierno que contempla «la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales» del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN se abstuvieron en la votación, alegando cuestiones formales. De hecho, el portavoz del Grupo Popular, el exministro de Interior Jorge Fernández, ni siquiera hizo una mención a Franco. Sin embargo, desde las formaciones de izquierda y los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes exigieron al PSOE que se aproveche la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley que se abre ahora para introducir mejoras en la Ley de Memoria Histórica, puesto que consideran insuficiente lo ayer aprobado.

Una vez recibido el aval del Congreso, sigue sin haber fecha para la exhumación, según recogía Europa Press. La norma entró en vigor el pasado 26 de agosto, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, y el día 31, una semana después de su aprobación, el Gobierno español inició los trámites para la intervención, dando vía libre a un acuerdo de incoación que dio un plazo de 15 días a los interesados para que se pudieran personar en el procedimiento y realizar las consideraciones y las alegaciones que consideren.

Así, los familiares podrán comunicar dónde desean enterrar de nuevo los restos de Franco y deberán aportar los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de que no contesten o haya discrepancias entre ellos, será el Ejecutivo el que decida el nuevo destino de los restos del dictador en un lugar «adecuado» y digno según asegura el Gobierno, sin querer desvelar las opciones que hay.

«Acabar con el franquismo»

La encargada de defender el decreto-ley en el Congreso fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien defendió la urgencia de exhumar a Franco, para acabar con esa «atroz anomalía» de la democracia de tener al dictador enterrado junto a sus víctimas en un «mausoleo de Estado» donde puede ser exaltado el franquismo. Conocedora de las excusas que iba a utilizar la derecha, Calvo sostuvo que «quien no ve la urgencia, no ve la necesidad; quien no vea la forma es que no ve el fondo».

Desde la izquierda, anunciaron el voto favorable a la convalidación del real decreto-ley, pero criticaron tanto sus insuficiencias como el retraso con el que llegaba el PSOE tras más de 21 años gobernando.

La portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, sostuvo que «el verdadero problema no son los restos de Franco, sino la permanencia del franquismo en las estructuras del Estado, que sigue gozando de total impunidad». Reclamó el cumplimiento íntegro de las recomendaciones de la ONU, la creación de una oficina de víctimas del franquismo desaparecidas y un banco de datos de ADN para su identificación. También planteó la reforma de la ley de amnistía, a la que el PSOE se opuso en su día.

Mikel Legarda fue el portavoz del PNV, que a su anuncio de votar favorable añadió la reivindicación de la nulidad de los juicios del franquismo y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales propuesta por los jeltzales, que los grandes partidos mantienen paralizada en comisión.

Unidos Podemos, PDeCAT y ERC transitaron también por caminos similares. El recurso retórico y político del portavoz republicano catalán Joan Tardà, al decir que tenía «plena confianza» en la palabra de la vicepresidenta Carmen Calvo de abordar sus reivindicaciones en la tramitación del proyecto de ley, fue utilizado por Ciudadanos y PP para desacreditar al Gobierno por apoyarse en «quienes quieren romper España» y recibir su «confianza».

UPN ve que ataca la transición

Carlos Salvador, de UPN, dijo que no se oponía a la exhumación pero que ahora las urgencias son otras, y criticó que con la vía del decreto-ley se incurría en arbitrariedad, fraude de ley y hasta negación de la tutela judicial. Su verdadera posición quedó más clara cuando sostuvo que «no tenemos derecho a despreciar el abrazo» que supuso «la transición más exitosa de nuestra historia».

José Manuel Villegas, de Ciudadanos, también dijo estar a favor de la exhumación, pero consideró el decreto una «cortina de humo» del presidente Pedro Sánchez para esconder su «incapacidad» para gobernar.

El PP eligió de portavoz a Jorge Fernández Díaz que, pese a su currículo al frente del Ministerio de Interior, se convirtió en un defensor de las formas como esencia de la democracia porque no se puede admitir que «el fin justifica los medios». Diez minutos de discurso sin hacer ningún juicio del franquismo ni de Franco, ni casi mencionarlo.