El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, anunció ayer la intención de su Gobierno de extender a toda su plantilla la obligación de cumplir con su código ético, que actualmente solo afecta a los cargos públicos del Gobierno autonómico. Sigue así una de las recomendaciones recogidas en la “Memoria de 2017 de la Comisión de Ética Pública del Gobierno”.

El Código Ético y de Conducta recopila una serie de recomendaciones y limitaciones para garantizar la buena actuación de los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno. Pero también incluye, por ejemplo, la prohibición expresa de criticar las posiciones del propio Ejecutivo.

El Artículo 15.i del Código Ético y de Conducta contempla que los cargos públicos «deben abstenerse de discrepar o criticar abiertamente a través de medios de comunicación, redes sociales o por Internet, sobre las posiciones políticas mantenidas por su Gobierno».

El Código añade que «en el caso de que la persona titular del cargo público mantenga tal discrepancia amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, deberá, por coherencia institucional, presentar la correspondiente dimisión de su cargo, que podrá ser admitida o no por el órgano competente para aprobar el cese».

Este artículo que puede ser entendible en el caso de altos cargos y personal de confianza, cuya adscripción al Gobierno es voluntaria, resultará más difícil de aplicar al resto de la plantilla de funcionarios y laborales que trabajan para la Administración. Pondría en peligro no solo la libertad de expresión de decenas de miles de personas, sino que además, por ejemplo, condicionaría la actividad sindical.

El consejero Josu Erkoreka, anunció ayer ante los medios que el Gobierno de Lakua va a incluir en el proyecto de Ley de Empleo Público la recomendación de la Comisión de extender al conjunto de su plantilla la obligación de cumplir con el Código Ético y de Conducta.

Este proyecto normativo está en periodo de elaboración, todavía debe ser negociado con los sindicatos, y la previsión es que se pueda aprobar antes de que acabe el año