Iraia OIARZABAL
MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAñADOS

UNA LLEGADA SOLITARIA, ATENCIÓN ESCASA Y FUTURO INCIERTO

Son en su mayoría adolescentes. Llegan solos tras complicadas rutas desde sus países, muchas veces para quedarse y otras solo como paréntesis hacia su destino. El aumento de llegadas ha destapado grietas en el sistema de tutela de menores extranjeros.

Cientos de menores extranjeros no acompañados –conocidos como MENAs por sus iniciales– llegan cada año a Euskal Herria. Los últimos datos, relativos al número de chavales tutelados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 2017, indican que eran 695. En Nafarroa este fenómeno se da en menor medida: 21 en 2017. El aumento del flujo migratorio en los últimos meses ha supuesto una mayor presencia de niños y niñas que viajan solos. A falta de datos concretos, se calcula que a día de hoy podrían ser más de 800 en la CAV. Este incremento, y más concretamente el sistema habilitado para su acogida, viene siendo motivo de preocupación por las carencias evidenciadas tras la saturación de muchos centros. Organizaciones como Save The Children o el propio Ararteko ya venían alertando de ello.

En este contexto, tras una reunión mantenida con representantes de las comunidades autónomas, el Gobierno español anunció la pasada semana que destinará 40 millones de euros a la acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. La medida tendrá una duración de seis meses y la distribución de los fondos se realizará en función del incremento de los menores atendidos por cada territorio desde diciembre de 2017.

El anuncio ha sido bien recibido por la mayoría de comunidades, aunque con matices pues algunas como Andalucía, Ceuta o Melilla venían planteando como solución el retorno de estos menores a sus países de origen. Queda por ver, por tanto, cómo se produce esa distribución voluntaria entre los diferentes territorios.

Persisten además cuestiones relativas a los protocolos de actuación y las condiciones en los centros de acogida que han de ser abordadas. Junto a los 40 millones citados, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propuso modificar el protocolo marco de intervención, que data de 2014, para homogeneizar y agilizar los procesos.

La tutela, una obligación

Dos cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de medir la dimensión de este fenómeno son la determinación de la edad y el proceso de tutela. Iñaki Alonso, responsable de Políticas de Infancia de Save The Children Euskadi, comienza por aclarar que los datos sobre MENAs se basan siempre en el número de menores tutelados. «Hay que diferenciar un concepto inicial que es muy importante, que es el de estar tutelados. Por ley son las diputaciones forales las que tienen la competencia de proteger a cualquier menor de 18 años, sea nacional o extranjero, que está en una situación de desprotección y desamparo. Es una obligación», aclara.

A ello se une su condición de menor, para cuya certificación en muchas ocasiones ha de llevarse a cabo un proceso para la determinación de la edad. «Si hay dudas sobre ello –por falta de documentación o porque aun teniéndola puede resultar dudosa–, se procede a la prueba de determinación de edad y mientras eso sucede están en un centro de menores. Son menores hasta que se demuestre lo contrario», explica. Se trata de uno de los momentos más delicados del proceso de atención, ya que muchos de estos jóvenes suelen carecer, efectivamente, de documentación que certifique cuántos años tienen. Para confirmar su condición de menor son sometidos a un proceso médico, una vía sobre la que Save The Children plantea dudas por su «cuestionada fiabilidad».

Alonso hace hincapié en este aspecto: la condición de menor es lo que debe primar. «Es la primera condición a tener en cuenta. Son niños y eso está por encima de su condición de extranjero. Eso deben tenerlo claro todas las instituciones públicas. Niños es el nombre, extranjeros el apellido. A veces se lanzan propuestas que precisamente no tienen del todo en cuenta esa consideración previa de menor», apunta.

Superado ese trámite, entran en la red de atención. En el caso de la CAV, al tener tres diputaciones existen tres sistemas diferentes. La primera entrada es igual en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y se realiza a través de un centro de primera asistencia. En Bizkaia está ubicado en Zornotza, en Gipuzkoa en Donostia y en Araba en Gasteiz. En esa primera entrada se opera con los trabajadores del centro identificando el itinerario migratorio de cada menor, situaciones traumáticas o de violencia que haya podido vivir… En Gipuzkoa y Bizkaia pasan de estos centros de primera acogida de emergencia a centros específicos. En Bizkaia hay una serie de ellos, dirigidos a menores extranjeros exclusivamente, y en Gipuzkoa entran en la red normal de inserción social de menores en desprotección.

Las condiciones de vida en estos centros han sido cuestionadas en los últimos meses, con casos llamativos como el de Zornotza, donde se denunció un estado de «grave hacinamiento» de los menores. También el Ararteko ha constatado en sus visitas periódicas a este tipo de centros una evidente saturación en algunos de ellos. «Tiene un incidencia directa en la calidad del servicio que se da. Nuestra lectura como organización que defiende los derechos de la infancia es la de exigir a las instituciones que tienen la obligación de protegerles que ofrezcan servicios de calidad», expresa Alonso.

Exclusión presente y futura

Lógicamente, los jóvenes permanecen en estos centros hasta que cumplen 18 años. En ese momento se encuentran en una situación complicada en el proceso de emancipación. El problema empieza en el primer eslabón de la cadena dentro del sistema de atención. Los menores tienen un techo bajo el que dormir, pero carecen de herramientas para su desarrollo profesional. Alonso destaca que existen serias dificultades para la escolarización y el acceso a formación. «Se les exigen títulos previos que no tienen o requisitos administrativos que no cumplen y eso les impide acceder a otros estudios. El mensaje claro es que hay una falta de itinerarios flexibilizados para los menores extranjeros. Llegan en unas condiciones que no se tienen en cuenta y se les cierra la vía de acceder a formación», alerta.

Sin poder estudiar por la vía oficial, realizan talleres, reciben algo de formación, aprenden idiomas… pero no de una manera reglada. Por ello, Save The Children plantea la necesidad de poner en marcha mecanismos tanto en el proceso de tutela como después. «Estamos hablando de menores extranjeros que están tutelados por una institución pública. Se realiza un esfuerzo importante por garantizar el tema habitacional hasta que cumplen los 18, pero una vez que son mayores de edad se ven en una situación difícil para su inserción social. Un porcentaje muy alto de estos chavales tienen claro que quieren quedarse. Es una decisión dentro de su proceso migratorio y quieren hacer un esfuerzo por formarse y tener un trabajo. Si se dificulta el proceso de formación, lógicamente estás eliminando uno de los factores que pueden ayudar a la inserción social de ese colectivo. Les estás abocando a la exclusión», sentencia.

 

Parada en ruta o destino final, un factor que marca la tutela institucional

Save The Children apunta sobre la dificultad de identificar a los menores que llegan. No solo porque muchas veces carecen de la documentación necesaria, sino también porque hay quienes ocultan su verdadera edad para no ser tutelados por la institución correspondiente y poder seguir su ruta migratoria hacia otros países de la Unión Europea o acceder a un trabajo. Las cifras tampoco incluyen a los niños y niñas que se fugan de los centros.

Iñaki Alonso invita a reflexionar sobre el concepto de tránsito, puesto que muchos de estos menores no son tutelados por entenderse que su estancia en la CAV es temporal: «En el proceso de tránsito los atendidos son muchos más. Cuando se habla de personas en tránsito no se tiene en cuenta que para muchos de ellos son itinerarios migratorios de años».

El perfil de los menores que llegan a Euskal Herria responde, según resume Alonso, al de chico de 16-17 años procedente de Marruecos. También ha aumentado de llegadas de jóvenes subsaharianos. En comparación, llama la atención el bajo número de niñas que llegan. En 2017, de los 695 menores extranjeros no acompañados tutelados en la CAV solo 35 eran chicas.I.O