La cuestión de quién podrá dar su voto en el referéndum previsto en Nueva Caledonia tiene una dimensión política más que evidente. De hecho, los Acuerdos de Matignon-Noumea (1988-1998) consagraron una derogación «sui generis» en materia de nacionalidad y ciudadanía en la colonia del Pacífico. Los recursos, tendentes a cuestionar esa singularidad, han llegado varias veces al Consejo de Estado galo y a la Justicia europea. De sus fallos, contrarios a las pretensiones unionistas, se deduce que ese trato diferencial se sostiene en la caracterización de la consulta sobre la soberanía que tendrá lugar el 4 de noviembre como parte de un proceso de descolonización.

El Acuerdo de Noumea remarca esa cuestión desde su punto cuarto cuando sentencia que «la descolonización es el medio de refundar un lazo social duradero entre las comunidades que hoy viven en Nueva Caledonia, permitiendo al pueblo kanak establecer una relación con Francia nueva y ajustada a la realidad de los tiempos».

Nueva Caledonia volvió a entrar en la lista de Naciones Unidas en la que figuran los países pendientes de descolonizar en 1986, es decir, antes de que los representantes de la comunidad originaria y los descendientes de los colonos acordaran dirimir, bajo tutela estatal francesa, pero mediante el uso exclusivo de las urnas la cuestión de soberanía. El paraguas de las Naciones Unidas cubre a otro territorio bajo administración francesa, Polinesia, que figura igualmente como territorio no autónomo desde 2013.

Nacionalidad y ciudadanía

Esa situación de hecho y de derecho singular que se da en Nueva Caledonia fue incorporada a la propia Constitución francesa, que hoy da manto legal a esa diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía que subyace en el debate sobre el censo electoral.

Como efecto, en Nueva Caledonia conviven tres censos. Dos responden a su organización político-institucional, así hay listas diferentes para comicios locales-provinciales y al Congreso de Kanaky. Y un tercero fija el cuerpo electoral para consultas relativas al acceso a la plena soberanía. Los llamados «residentes» –básicamentes, nacionales franceses– pueden votar en las elecciones ordinarias (presidenciales, legislativas y europeas) y también en las elecciones a órganos locales de Nueva Caledonia. Esos electores figuran en un anexo del censo de referéndum, en el que figuran los ciudadanos locales de pleno derecho.

El Consejo de Estado galo, en el conocido como dictamen de Sarran, y la Corte Europea en su dictamen de 2005 dejaron sentado que el estatus de Nueva Caledonia «se corresponde a una fase transitoria antes del acceso a la soberanía plena y se inscribe en un proceso de autodeterminación». El tribunal europeo iba más allá al afirmar también que « la Historia y el estatus de Nueva Caledonia, y sus necesidades locales, explican las restricciones al derecho de voto».

Con esos pronunciamientos en la mano, cabría esperar que la cuestión del censo se hubiera resuelto por meros mecanismos técnicos. La plantilla de censo a aplicarse en una consulta de soberanía estaba marcada en los acuerdo-marco y quedó consagrada de igual modo en la Constitución gala.

Sin embargo, las dilaciones en la celebración del referéndum y las posibilidades que ofrece, a condición de ser francés, un territorio de oportunidades como Kanaky, han favorecido el desembarco de votantes no originarios y han relanzado el debate a las puertas mismas del referéndum.

Tras la triple apertura de censo que se materizalizó en 1983 y, después, ya bajo la tutela de los compromisos tripartitos, en 1998 y 2008, que dotaron de derecho a voto a miles de colono-descendientes y de nuevos residentes, procedentes en su mayoría de otros territorios del Pacífico, la actualización definitiva cara a la celebración del referéndum del 4 de noviembre, ha relanzado las desconfianzas en el campo independentista.

La polémica ha sido saldada, de momento, por el FLNKS ( Frente de Liberación Nacional Kanaky Socialista), con un llamamiento a la activación del voto, en el afán de desmentir en las urnas a los sondeos. En desacuerdo con esa posición, el Partido de los Trabajadores, que dispone de 2 de los 25 escaños de la bancada independentista, ha optado por no participar, secundado por su organización sindical, la USTKE, que mantiene estrechas relaciones con LAB-Ipar Euskal Herria, con quien comparte foros como el que vincula a los sindicatos de naciones sin Estado.

haocas: «dada la falta de garantías, preferImos no participar»

Responsable de relaciones exteriores del sindicato USTKE, Rock Haocas presenta su dificultosa inserción laboral, a caballo entre la metrópoli y Kanaky, como ejemplo de la falla social en su país. Otro reflejo del fracaso que atribuye al «proceso de reequilibrio» postulado por el Acuerdo de Noumea (1998), «en mi país –añade– solo hay una gran empresa dirigida por un kanak».

Tras la actualización final del censo, para Haocas «la victoria del No el 4 de noviembre es segura», de ahí que abogue por trabajar con vistas a la segunda o la tercera consulta, que contempla ese acuerdo, «para votar en condiciones justas», explica a GARA.M.U.