Dos distribuidores acaban de ser condenados a cinco meses de cárcel, y su correspondiente multa de seis euros por día, como culpables de haber cometido el llamado fraude del taquillazo, que consiste en presentar falsas fechas de estreno con recaudaciones inexistentes a cambio de la obtención de subvenciones y ayudas públicas. Los infractores solicitaron al ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) 2,2 millones de euros por las supuestas proyecciones de tres películas en pueblos de Andalucía, Badajoz, Murcia y Asturias entre el 11 y el 31 de agosto del verano del 2010.

La chapuza es digna de las comedias de tramposos de la época del subdesarrollo, porque el engaño es imposible de creer bajo ningún concepto. Se trataba de tres coproducciones de ínfimo presupuesto con Serbia, Italia y Argentina, ya en sí mismas imposibles de estrenar comercialmente. Y pretendían colar a la administración que habían aguantado más de una quincena en cartel en pleno agosto y en localidades pequeñas, extremo negado en el juicio por los correspondientes ayuntamientos.

Parece de risa, aunque resulta triste que el sistema de ayudas al cine se vea constantemente defraudado por pícaros tan torpes como ávidos de hacer dinero fácil.