En su reciente conferencia política, el president Quim Torra expuso la idea de que Catalunya debe argumentar su independencia en base a las teorías de la «causa justa». Según estas teorías, una violación sistemática de los derechos humanos conmina a la comunidad internacional a aceptar la secesión de un territorio de aquel que lo agrede. Varios analistas han señalado que, tal y como está el mundo y el grado de violaciones de derechos que existe en él, es difícil que solo desde esa perspectiva el resto de estados acepten la voluntad de independencia de los catalanes, aunque esta se diese con un contundente resultado en las urnas. La comunidad internacional es ante todo un consorcio de intereses en el que la estabilidad es un valor supremo, es decir, poco proclive a cambios en el statu quo, sean los que sean. En ningún caso es un tribunal de especial moralidad, tal y como demuestra su permanente incapacidad para evitar las más graves injusticias y tragedias.

En todo caso, las teorías de la «causa justa» a las que hacía referencia Torra no solo contemplan la violación de derechos como razón para aceptar la independencia. También señalan la ruptura sistemática de los pactos firmados entre las partes como un elemento relevante a la hora de considerar una independencia viable y justificada. Últimamente Urkullu recuerda en cada una de sus alocuciones que el Estado español no ha cumplido el Estatuto de Gernika tras cuatro décadas. Lo volvió a hacer ayer en el pleno de política general de Gasteiz. Resulta incompresible que recurra a ese argumento, que muestra tan claramente su impotencia e incapacidad. Solo tendría sentido si quisiese evidenciar que el Estado español no cumple sus pactos –no cabe olvidar que el origen del procés catalan no es otro que la quiebra del Estatut– y para situar el debate sobre el estatus en una nueva perspectiva de soberanía, democracia y justicia. Si no, lo que es una causa justa se convierte en un argumento pobre y ridículo.